Rodolfo Torre Cantú, el candidato con las mayores posibilidades de ganar la gobernación del estado norteño de Tamaulipas, es ahora más bien la víctima más reciente de la creciente violencia relacionada al narcotráfico en México. Dicha violencia ha cobrado más de 23.000 vidas desde que el presidente Felipe Calderón decidió en diciembre de 2006 librar una ofensiva liderada por las fuerzas armadas para acabar con los carteles.

Durante los primeros cinco meses de 2010, hubo 3.365 víctimas relacionadas a la guerra contra las drogas -una tasa de asesinatos que duplica a aquella ya sangrienta y sin precedentes de 2009-. La matanza de 2010 llegó a un punto máximo a principios de junio, cuando casi 170 personas murieron en un lapso de tan solo cinco días.

Dos características del asesinato de Torre indican qué tan atrevidos y poderosos se han vuelto los cárteles. Una característica es el estatus de la víctima; el asesinato de Torre es el de más alto perfil desde la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en 1994. Los cárteles han enviado un mensaje de que por lo pronto nadie, sin importar qué tan prominente, está fuera de su alcance.

El segundo aspecto alarmante es el profesionalismo del asesinato. Su carro fue acorralado en la carretera hacia el aeropuerto, con un vehículo bloqueándolo por delante y otro por detrás, de manera que crearon una zona perfecta para dar rienda suelta al fuego. Varios hombres armados dispararon una ráfaga de balas hacia su blanco indefenso, matando a Torre y a varios de sus guardaespaldas.

Desafortunadamente, esta técnica caracteriza cada vez más los ataques de los cárteles a funcionarios mexicanos, a la policía e incluso a las Fuerzas Armadas. A lo largo del último año, ha habido un aumento marcado en el número de ataques quirúrgicos: atrayendo a los adversarios hacia trampas, bloqueando las rutas de escape y lanzando asaltos al estilo comando. “Son tácticas de guerra las que están utilizando”, concluye Javier Cruz Angulo, un experto en crimen de un instituto mexicano de investigaciones. “Esto va más allá de las estrategias normales del crimen organizado”.

Si la tendencia persiste, esto será algo sumamente preocupante para la salud, e incluso la viabilidad del estado mexicano. En muchos casos, las armas que utilizan los cárteles de droga ya son superiores a aquellas que poseen las fuerzas policiales mexicanas y al menos comparable a la de las Fuerzas Armadas. Si los carteles ahora tienen la habilidad de utilizar tácticas militares para igualar el poder superior en armas, pasarían de ser simples organizaciones criminales a convertirse en una insurgencia seria. Esto constituiría una amenaza sin precedentes al estado mexicano.

También hay indicios de que a lo largo del último año los carteles han ido más allá de ataques para ganar batallas territoriales con traficantes rivales o para proteger sus negocios escarmentando a la policía y a las unidades militares mexicanas. En realidad, hay incidentes que parecen ser simples actos de terrorismo. Un ejemplo particularmente escalofriante sucedió en Ciudad Juárez, a fines de enero, cuando 16 adolescentes que asistían a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clases fueron baleados, muchos de ellos mientras huían. Ha habido incidentes similares en otras ciudades.

Los ataques que no tienen relación clara con el negocio del narcotráfico sugieren que los carteles podrían estar tratando de resaltar la impotencia del gobierno mexicano. Si es así, la estrategia parece estar funcionando. La decreciente confianza en la habilidad de las autoridades mexicanas de mantener el orden y proteger a los ciudadanos se volvió evidente cuando grupos empresariales de Ciudad Juárez pidieron que se enviaran cascos azules de las Naciones Unidas para controlar la violencia.

Daniel Murguia, presidente de la Cámara de Comercio local, dijo sarcásticamente: “hemos visto cómo los cascos azules de la ONU entran a otros países que tienen muchos menos problemas que el nuestro”. Cierto, Ciudad Juárez ha sido golpeada con mayor severidad por la violencia relacionada al narcotráfico que otras áreas de México, pero difícilmente constituye una muestra de confianza en la estabilidad del Estado cuando ciudadanos importantes de una ciudad concluyen que el gobierno nacional es incapaz de satisfacer una de sus funciones más básicas, mantener el orden interno.

Hay más evidencias de problemas en la cohesión política y social de México. Un creciente número de policías e incluso algunos funcionarios públicos están renunciando a sus cargos. En diciembre de 2009, ocho funcionarios públicos en Tancitaro, una ciudad en el estado de Michoacán, renunciaron argumentando que estaban siendo amenazados por los narcotraficantes. Tenían razón para tomar en serio dichas amenazas, ya que en marzo de ese año un concejal respetado, Gonzalo Paz, había sido secuestrado, torturado y asesinado.

Tal vez todavía más preocupante es que algunos funcionarios están buscando refugio en EE.UU. junto a sus familias. Un caso que recibió atención considerable, a fines de 2009, en México, fue la admisión por parte de Mauricio Fernández, el alcalde del próspero suburbio de Monterrey, San Pedro Garza García, que había enviado a su familia a vivir a EE.UU., señalando que “en este momento las cosas no son lo suficientemente seguras para volver”.

Fernández no es el único. Hay rumores de que el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Freís, tiene una casa al otro lado del río, en El Paso, donde pasa casi todas las noches y donde reside su familia de manera constante. Reyes Ferriz se niega a comentar sobre estos rumores, pero otros no tienen reparo en hacerlo. La noción de que el alcalde viva de hecho en el infierno de violencia en que se ha convertido Ciudad Juárez es “una broma”, dice Miguel Fernández, un ex ejecutivo de Coca Cola que ahora lidera una organización sin fines de lucro que está tratando de detener el caos, Plan Estratégico para Juárez. “La ley dice que él tiene que vivir en Ciudad Juárez, pero todos saben que él vive allá (en El Paso)”.

Alejandro Junco de la Vega maneja el Grupo Reforma, la empresa de prensa escrita más grande, no sólo de México, sino de toda América Latina. Aún este magnate de la prensa se lamenta de tener que proteger a sus periodistas o incluso a sí mismo. Junco mudó a su familia a Texas, debido a las crecientes amenazas personales por parte de los carteles de droga.

Una de las principales señales de advertencia de que un país tiene al menos el potencial de convertirse en un estado fallido es cuando los miembros de la elite empresarial y política están tan preocupados por el ambiente de inseguridad que envían a sus seres queridos fuera del país. México puede haber entrado en esa etapa. De hecho, en los lugares más violentos, tales como Ciudad Juárez y Tijuana, hay señales contundentes de una característica todavía más preocupante de un estado fallido: un gran número de familias de clase alta y media están saliendo del país. Los líderes municipales en El Paso estiman que al menos 30.000 mexicanos, principalmente de clase media, han cruzado la frontera a lo largo de los dos últimos años para encontrar un refugio seguro lejos de la violencia.

Todavía es prematuro concluir que México se está convirtiendo en un estado fallido. El país tiene instituciones importantes, incluyendo partidos políticos sólidos, grandes corporaciones y la Iglesia Católica, las cuales están en capacidad de amenazar el poder de los cárteles de droga. Pero la tendencia es preocupante y la noción de que México podría descender a tal abismo ya no es enteramente improbable. La administración Obama necesita prestarle mucha más atención a la situación en deterioro en nuestra frontera sur.

Esta columna fue publicada en el centro de estudios públicos ElCato.org.