Según la ONU, durante la guerra en el Líbano del 2006, Israel uso en forma deliberada bombas de racimo contra objetivos civiles. El cálculo de la ONU es que ese país habría lanzado 4 millones de municiones de racimo. Un millón no habrían estallado, con lo cual se convierten en minas anti-persona, capaces de seguir causando estragos décadas después de finalizado el conflicto.

Pero la novedad en ese conflicto no fue el uso de bombas de racimo por parte de un actor estatal: ese no es un hecho inédito. Lo novedoso fue que la guerra en el Líbano convirtió a Hezboláh en el primer actor no estatal en usar ese tipo de bombas (también contra objetivos civiles).

Las bombas de racimo son armas indiscriminadas por naturaleza: su propósito no es el de impactar un blanco específico, sino el de esparcir explosivos con una fuerza de dispersión que puede alcanzar un radio de un kilómetro. Es por eso que tienden a producir víctimas civiles aún cuando se emplean contra blancos militares. Esos factores explican el hecho de que los civiles constituyan 98% del total de víctimas producidas por el uso de estas bombas.

El derecho internacional humanitario proscribe el uso de armas de efecto indiscriminado, o que causen daño o sufrimiento innecesario. Aunque las bombas de racimo caen en forma clara dentro de ambas categorías, países como China, Estados Unidos, Israel y Rusia continuaron fabricando, almacenando, comercializando y/o utilizando esas bombas, en tanto no existía un tratado internacional que las proscribiera con nombre propio. Pero ese tratado ya existe, fue suscrito por más de 100 países, y entró en vigencia en 2010. Sin embargo, Estados como el peruano, que participaron en su proceso de creación, aún no lo han ratificado.

El tema tiene interés para la teoría de las relaciones internacionales, en tanto cuestiona la perspectiva realista que prevaleció durante décadas dentro de esa disciplina. Según esa perspectiva, la política internacional gira en lo esencial en torno a las relaciones de seguridad entre Estados. A su vez, los temas de seguridad son abordados a través de canales diplomáticos, los cuales suelen operar alejados del escrutinio público. Por último, las organizaciones multilaterales son percibidas como instrumentos a través de los cuales los Estados poderosos hacen valer sus intereses.

Aunque en una gran gama de momentos y lugares la perspectiva realista sigue ofreciendo una interpretación acertada de la política internacional, existen temas como el del tratado sobre la prohibición de bombas de racimo que aquella no parece explicar a cabalidad. En este, al igual que en el Protocolo de Kyoto y el tratado que proscribe las minas anti-persona, el tema fue introducido en la agenda por organizaciones no gubernamentales (ONG), que contaron con el respaldo de personalidades internacionales (como la Princesa de Gales), y de algunas entidades del sistema de Naciones Unidas.

Las ONG logran ese propósito actuando en dos frentes, el de la opinión pública, y el de los Estados: en tanto consigan movilizar a un sector de la opinión pública en torno al tema, ello permitirá a su vez ejercer presión sobre los Estados. En cuanto a los organismos de Naciones Unidas, en ocasiones estos consiguen actuar con un grado de autonomía y (sobre todo) eficacia, que la perspectiva realista no suele reconocerles. Si no recordemos la importancia crucial que tuvo el “Panel Inter-Gubernamental sobre Calentamiento Global” para definir la naturaleza del problema y la agenda a futuro en ese tema. Pero en última instancia esas iniciativas no podrán prosperar si no son asumidas como propias por algunos Estados con un peso específico dentro del sistema internacional (como, en este caso, la mayoría de los países que constituyen la Unión Europea).

Y es finalmente una coalición formada por todos esos actores la que logra sacar adelante esos tratados. Los escépticos podrán argumentar que, en ausencia de algunas de las principales potencias del sistema internacional, esos tratados corren el riesgo de convertirse en letra muerta. Pero la experiencia reciente en temas como el del “Calentamiento Global” demuestra que, aunque no surtan de manera inmediata un efecto dramático, esos tratados pueden dar inicio a un proceso de adecuación progresiva de los Estados más poderosos a las conductas que prescriben.