La creación de organizaciones de gestión por cuencas, sea para gestionar las intervenciones sobre el agua o sobre toda la cuenca, es un desafío para los gobiernos de la región. Implica crear capacidades de gestión con participación sobre territorios delimitados por razones naturales a partir de los gobiernos creados para gobernar sobre territorio delimitados por razones político administrativas.

La gestión por cuencas se enfrenta a varios obstáculos: temor de crear una organización que cuestione los sistemas establecidos de uso de agua, celos institucionales, temor de que estos sistemas debiliten los poderes de los gobiernos elegidos o simplemente oposición a tener que  pagar por  los “gastos comunes” que implica gestionar y coordinar las intervenciones en una cuenca y sus recursos.

A pesar de ello, sobre todo en los últimos años,  la consideración de las cuencas como territorio de gestión ha retomado un auge inusitado en las declaraciones de política y leyes hídricas y ambientales en  América Latina. Solo en los últimos dos meses se han llevado a cabo varios eventos sobre el tema en México, Brasil y Perú: segundo Coloquio Internacional Cuencas Sustentables (México),  Seminario Internacional Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras y las Cuencas Hidrográficas (Perú),  2º Simposio sobre Experiencias en Gestión de los Recursos Hídricos por Cuenca Hidrográfica ((Brasil), y el dictado de cursos internacionales sobre organizaciones de cuenca (Brasilia) entre otros.

Las cuencas hidrográficas han sido utilizadas en América Latina como territorio para la conducción de diferentes actividades desde la década del 40 (Comisiones de cuenca en México, Corporaciones de Cuenca en Colombia, Brasil y otros). La cuenca se ha considerado como base de desarrollo regional, como base de “manejo de cuencas”, como base de gestión de recursos hídricos y en forma más reciente como base para la evaluación ambiental del efecto acumulado de las intervenciones en una cuenca y de gestión ambiental.

Hoy día todos los países de América Latina incluyen la consideración de las cuencas en sus políticas recientes, sobre todo de aguas, de alguna forma. Se menciona en algunas constituciones (Uruguay, Ecuador), en leyes de agua (México, Brasil, Venezuela, Perú y otros)  o en estrategias nacionales (Chile, Bolivia). Estas inclusiones darían a entender que se ha logrado un avance significativo en la instalación de organizaciones de gestión de cuencas y en el mejoramiento de la gestión “integrada” del agua y del ambiente. 

La realidad sin embargo revela que la gestación, instalación y consolidación de estas organizaciones es aún muy heterogénea. Muchas organizaciones de gestión por cuencas, inclusive ya creadas,  están  lejos de ser funcionales. Hay  una serie de situaciones y elementos que explican las dificultades para que la gestión participativa por cuencas sea efectiva. Unas causas son relativamente simples y hasta ingenuas  y otras son más profundas.

Lo primero, es la confusión con que se usan los enfoques de gestión por cuenca en leyes y estrategias. Así se confunde en las leyes los enfoques de manejo de cuencas (watershed management) con los de gestión o manejo  del agua por cuencas (water resources management) o simplemente se indica que el objetivo es la “gestión integrada de cuenca”. También es común que se confundan los roles de los consejos con los del grupo técnico de apoyo al consejo. Así al consejo o comité de gestión (el órgano de la organización de gestión por cuencas) a veces se le asignan los roles que le corresponde al organismo técnico de apoyo de la organización.

Las razones más profundas que impiden  la consolidación y operatividad de las organizaciones de gestión por cuencas son más complejas. Lo primero es un real temor de dar roles a los consejos que vayan más allá de consultivos. Ese rol pasivo desalienta la participación de los actores que componen el consejo. El poco valor que se asigna a algunos consejos se evidencia cuando el propio organismo de apoyo al consejo es una dependencia del Estado que considera que “someter sus acciones a consideración del consejo es solo un trámite mas, ya que ellos siguen haciendo lo mismo de siempre”.

Otra forma de limitar el rol de los consejos es en la composición y representatividad del mismo. Así hay propuestas que no consideran la representación de la sociedad civil en los consejos, o que solo indican que debe estar conformado por los usuarios con derechos legales de agua (dejan de lado los ilegales, a veces más que los legales, lo que se puede solucionar ubicándolos en el grupo de sociedad civil) y otros que se conforman solo por funcionarios del estado,  eliminado la participación de la sociedad civil… a pesar de que  la declaración política puede señalar que debe haber “participación plena” y transparencia.

La carencia de un adecuado grupo técnico de apoyo al consejo, el organismo, es otro aspecto. En varios países no se ha establecido cobros para poder cubrir el costo de los “gastos comunes” que implica gestionar un territorio compartido e intervenido por muchos actores. No hay aun, con excepciones importantes,  una cultura de pago para cubrir estos costos y poder así mantener en cada cuenca un equipo técnico (organismo) de apoyo a los consejos. Sin estos apoyos las reuniones de los consejos no pasan de ser sitios de intercambio de información o de catarsis colectiva.

A pesar de ello, la experiencia exitosa del funcionamiento de estas organizaciones de España, Francia, Australia, Canadá, Estado Unidos y los avances logrados en su instalación en muchas  cuencas en la región (hay ejemplo exitosos en todos los países de América Latina) indica que se va en buen camino. Hay que establecerlos sobre todo para estar mejor preparados para enfrentar los efectos de cambio en el clima, ordenar el uso del territorio, enfrentar el incremento de demanda de agua y minimizar los desastres. Los países de la región  están en camino de hacerlo.

Como he señalado varias veces las cuencas no son las que se “manejan”. Lo que se debe “manejar” son los actores que intervienen en una misma cuenca, con el fin de lograr que sus acciones sean beneficiosas para ellos, el ambiente y sus habitantes, y ello solo se logra con participación efectiva y conocimiento del medio a ser intervenido.