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Que comience a imperar el reino de la ley en México
Mié, 08/06/2011 - 10:08

Luis Rubio

Lunes 5 de julio: cuando México ya sea otro
Luis Rubio

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

Myshkin, el héroede la novela “El Idiota” de Dostoyevsky -erudito, tosco, ingenuo-arriba a una importante fiesta, obsesionado por no romper el jarrónchino a la mitad del salón. Trata de mantener su distancia pero, pormás que lo intenta, acaba destrozándolo. El episodio parece unafotografía de la transición política que hemos experimentado. Elobjetivo era construir una democracia idílica que fomentara eldesarrollo del país y la civilidad en la sociedad mexicana. Elresultado ha sido la parálisis política, un nivel ascendiente deconflictividad social, encono, pésimo desempeño económico y, paracolmo, un pesimismo generalizado. El asunto no es de culpas, sino dela imperiosa necesidad de reconocer que ha habido consecuencias noanticipadas, muchas de ellas graves, con las que hay que lidiar.

Más allá deobjetivos o buenas intenciones, el cambio político que hemosexperimentado se ha manifestado principalmente en ladescentralización del poder. De la otrora poderosísima presidenciapasamos a una nueva realidad política: la de actores, tanto formalescomo informales, acaparando poder y recursos sin responsabilidadalguna y sin la menor rendición de cuentas. La característicaprincipal de la transición ha sido la transferencia de poder yrecursos del gobierno federal y de la presidencia hacia losgobernadores, poderes fácticos y actores de la más diversa índole,todos unidos por el hecho de encontrarse aislados de la ciudadanía,carentes de obligación de rendir cuentas y, para todo fin práctico,sin contrapeso alguno.

Las consecuencias deesta nueva realidad se pueden apreciar en todos los ámbitos, peroson patentes en el patético desempeño económico, la inseguridadpública y la conflictividad que experimentamos de manera permanente.El país ganó con la transición porque desaparecieron las fuentesde abuso sistemático que eran inherentes al gobierno centralizado deantaño y por la pluralidad que ganamos. Sin embargo, los costos nohan sido menores y los riesgos incrementales.

Los costos en elámbito económico han sido extraordinarios. La descentralizacióndel poder, circunstancia que ocurrió de manera creciente a lo largode las últimas tres décadas y que se precipitó con la derrota delPRI, vino acompañada de la desconcentración de los recursospúblicos. En concepto, nadie puede disputar el hecho de que en unsistema democrático los recursos sean ejercidos por losrepresentantes populares y, sin duda, los gobernadores y presidentesmunicipales son los funcionarios públicos más cercanos a laciudadanía. El problema es que el concepto no empata con nuestrarealidad. Para comenzar, la abrumadora mayoría de los recursos sonrecaudados por el gobierno federal, no por los gobiernos estatales ymunicipales; segundo, no existen mecanismos reales, efectivos, derendición de cuentas sobre el uso de los recursos a nivel de losestados y municipios: ese siempre fue un problema a nivel federal,pero ahora se ha multiplicado. Finalmente, la dispersión de recursosse ha traducido en un gasto mucho menos eficiente e impactante y, porlo tanto, en una menor tasa de crecimiento económico.

Antes, en la era deoro de la centralización de los recursos fiscales, la Secretaría deHacienda disponía de enormes recursos que aplicaba a proyectos dedesarrollo de manera abrumadora. Las llamadas “bolsas”, losrecursos que quedaban luego después del gasto corriente (sueldos,rentas, gastos de administración), constituían una enorme porcióndel erario público y se empleaban para promover el desarrolloregional, esencialmente a través de la construcción deinfraestructura. Un año se decidía electrificar el sureste, otro seconstruía la carretera a Querétaro y otro más se desarrollabaCancún. El gobierno federal realizaba estudios que comparaban elcosto y el beneficio de cada proyecto y generalmente decidía por losque ofrecían el mayor potencial de elevar la tasa general decrecimiento de la economía. La dispersión de recursos, que es lanorma en la actualidad, tiene características muy distintas: hoy sonmuy pocos los gobernadores que realizan estudios de costo y beneficioeconómico. Más bien, su criterio es el del beneficio personal,electoral y político, usualmente en ese orden. El resultado ha sidomucha mayor corrupción y opacidad (que beneficia a losgobernadores), y un mucho menor crecimiento económico (que es laúnica forma en que se pueden lograr más empleos para los mexicanosde a pie). Es decir, la población ha perdido en tanto que lospolíticos han ganado.

La crisis deseguridad es una segunda consecuencia de la descentralización delpoder y de los recursos. Con la desconcentración se transfirieronrecursos, funciones y responsabilidades que los gobernadores nuncahicieron suyos. Esto no quiere decir que el esquema de seguridad queexistía con anterioridad funcionara bien, pero la descentralizacióntuvo el efecto de destruir lo existente sin que nada lo substituyera,con algunas excepciones menores. El resultado es el caos de seguridadque vivimos, cuya esencia no tiene que ver con el narco propiamente,sino con el hecho de que el crimen organizado pulula por todo el paíssin que medie institución policiaca o judicial alguna. Decentralismo pasamos a la ausencia de responsabilidad.

No existe mayoracuerdo respecto a cuándo comenzó o en qué consistió latransición política, pero es evidente que las sucesivas reformaselectorales entre 1978 y 1996 tuvieron el efecto de favorecer unacompetencia electoral cada vez más equitativa, hasta que el PRI fuederrotado en las urnas. Si el objetivo de la transición era derrotaral PRI, la transición se cumplió. Si por transición queremos decirel inicio de un país moderno, más igualitario y civilizado, latransición ha sido un desastre. Basta leer los diarios o escucharlos noticieros para observar un país cada vez más enconado y enconflicto consigo mismo. El problema yace precisamente en que latransición se limitó a lo electoral, dejando todo lo demás alazar.

La gran pregunta escómo corregir la situación actual. Si uno observa a paísessimilares que han sido exitosos, como Sudáfrica y Brasil, lo que nosurge es proyecto y liderazgo. La transición debió ser una apuestainstitucional, pero no fue más que una colección de buenasintenciones y mucha arrogancia. Ahora hay que lidiar con lasconsecuencias. En alguna ocasión Montesquieu afirmó que “no haytiranía mas cruel que la que se perpetúa en nombre de la ley y dela justicia”. En México tenemos que comenzar por erradicar latiranía del exceso, el abuso y la no rendición de cuentas para quepueda comenzar el reino de la ley.

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