A juzgar por la trama, podría tratarse de la saga del film “El Jardinero Fiel”. Pero esta no es una historia ficcional. En 1996 la mayor compañía farmacéutica del mundo, Pfizer, realiza ensayos clínicos para un nuevo medicamento con niños nigerianos. El ensayo resulta en la muerte de once de ellos, y provoca secuelas en decenas más. Pese a algunas quejas de los familiares, la empresa logra mantener el affaire fuera del escrutinio público.
Todo iba bien, hasta que uno de los médicos participantes, víctima de remordimientos de conciencia, denuncia la violación de normas éticas durante los ensayos. Pfizer lo despide (por causas que, según alega, no guardan relación alguna con el incidente), pero ya es tarde: la denuncia provoca movilizaciones de protesta, el gobierno de Nigeria decide tomar cartas en el asunto, y el fiscal general inicia acciones legales.
Apelando a sus influencias (que incluyen desde funcionarios de su embajada hasta un ex presidente nigeriano), Pfizer realiza gestiones ante diversas instancias oficiales para evitar un juicio. Y apelando al servicio de detectives privados, busca información que involucre al fiscal general en actos de corrupción para, acto seguido, filtrar esa información a los medios locales. Finalmente, Pfizer logra un acuerdo extra-judicial, el cual incluye un fondo, la mayor parte del cual no se destina precisamente a indemnizar a las víctimas o a sus deudos.
Esta trepidante historia de intriga y acción no habría llegado a nosotros de no mediar los buenos oficios de Wikileaks, organización a la que también debemos otras historias corporativas que, sin embargo, jamás inspirarán un guión cinematográfico: las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard suspenden los servicios de pago a Wikileaks porque, según alegan, sus filtraciones de información oficial violan la ley. Argumento que no repetirán, cuando queda claro que Wikileaks no está siendo enjuiciada por esos hechos ante tribunal alguno en este planeta.
Más aún, los remilgos legales que Visa y Mastercard mantienen en este caso no se condicen con su conducta en otro caso en el que la violación del derecho internacional es indubitable: las donaciones para la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos. Existen al respecto tanto una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia como una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (respaldada tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos), que proclaman su ilegalidad. Peor aún, Visa y Mastercard procesan donativos para la construcción de asentamientos no autorizados por el gobierno israelí y que, por ende, además del derecho internacional, violan la normatividad legal de ese país. Para no mencionar el hecho de que ambas instituciones jamás tuvieron reparos en procesar donativos para organizaciones racistas y xenófobas como el Ku Klux Klan. Su política corporativa parece pues resumirse en una paráfrasis de su publicidad: negarle el servicio a Wikilekas no tiene precio, para todo lo demás existe Mastercard (o, si lo prefiere, Visa).
Entonces, tuvimos una muestra de que Wikileaks no hace públicos de manera simultánea todos los documentos oficiales en su poder, y más bien dosifica su entrega en función de su propia agenda: al día siguiente de que Visa y Mastercard anuncian su decisión, Wikileaks filtra un cable de la embajada estadounidense en Moscú que revela como el gobierno federal de los Estados Unidos intercedió ante su par de la federación rusa para favorecer a esas compañías. En lo esencial, se trataba de impedir que el gobierno de ese país sometiera a consideración de la Duma un proyecto de ley que permitiría a bancos estatales rusos recaudar la mayor parte de las comisiones por transacciones con tarjetas de crédito realizadas en ese país. Según cálculos de la propia embajada, Visa y Mastercard dejarían de percibir unos “US$4.000 millones al año”.
Por último, existe un caso que, de haberse hecho realidad, sin duda hubiera ameritado una puesta en escena (aunque más como una ópera bufa que como una película de espionaje): la transacción que el presidente de Millennium BCP (el mayor banco privado de Portugal), ofreciera al gobierno de los Estados Unidos, con conocimiento del primer ministro portugués (de nombre por demás oportuno para un sainete: José Sócrates). La transacción consistía en que, a cambio de que Estados Unidos tolerara sus negocios en Irán, el banco se comprometía a rastrear en su provecho los fondos y las actividades financieras de los miembros del régimen. Transacción que hubiera permitido la transmutación de Carlos Santos Ferreira, un ejecutivo bancario calvo y con sobrepeso, en un inverosímil émulo de James Bond.
Como recordaba el buen Adam Smith, librados a sus propios medios siempre cabe la posibilidad de que los empresarios prefieran confabularse en vez de competir, en detrimento del consumidor. Olvidó mencionar que además pueden confabularse con el poder político, en detrimento del Estado de derecho.
