El hambre no debiera ser una condena inexorable, menos aun en América Latina y el Caribe, pues en la región se dispone de los recursos, la capacidad humana y la determinación social para erradicar por completo esa trágica expresión de la pobreza.
Desde hace décadas existen herramientas que se han venido perfeccionando -gracias al compromiso de expertos y gobiernos- para contribuir a sacar a los ciudadanos de la más extrema pobreza y facilitarles el acceso a las oportunidades indispensables para poder construir un futuro más próspero para sus familias.
Una de dichas herramientas son los Programas de Transferencias de Ingresos. Estos programas entregan recursos o bienes a ciudadanos en situación de riesgo, en general vinculadas a que cumplan con algunas corresponsabilidades necesarias para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, tales como asegurar la escolarización de sus hijos o llevar los necesarios controles médicos regulares, claves para la salud materno-infantil.
Este tipo de mecanismo refuerza la salud de los menores, combate la deserción escolar y al mismo tiempo mejora y regulariza el nivel de ingreso de las familias, lo que tiene un efecto positivo en su acceso a una alimentación adecuada.
México y Brasil han sido países pioneros en el uso de este tipo de programas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Durante la crisis mostraron su capacidad para paliar sus efectos: en el caso de México evitaron que 2,6 millones de personas cayeran en situación de pobreza alimentaria en 2008.
Sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo y mejorando estos programas. Es por esa razón que desde hace ya cinco años, la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025, en colaboración con otras agencias, organiza un seminario en la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una instancia de debate entre gestores y ejecutores de políticas sociales, Centros de Investigación, y expertos de Agencias de Cooperación Internacional sobre los Programas de Transferencias Condicionadas, su impacto en la pobreza y la desnutrición.
Este esfuerzo que realizan los países, la FAO y las organizaciones participantes, ha permitido generar un importante caudal de información y un debate continuado sobre los programas de transferencias y los mecanismos que pueden aplicar para ser más efectivos y fortalecer su aporte a la realización del Derecho a la Alimentación para los mas vulnerables.
Durante el V Seminario de Transferencias Condicionadas, que tomó lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010 en Santiago de Chile, se constató el impacto positivo de esos programas en el combate a la indigencia en la región y su contribución al cumplimento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio -reducir el hambre y la pobreza extrema a la mitad-, que es condición necesaria para cumplir con los demás.
De acuerdo con datos de la Cepal, 19% de los latinoamericanos y caribeños son beneficiados por algún tipo de programa de transferencias, lo que revela el importante papel de esta herramienta en las políticas públicas de la región. Ese nivel se ha alcanzado en un plazo relativamente corto, pasando de atender a un 5,7% de la población en 2000, al 19% ya mencionado en 2010. En México y Brasil la población beneficiada es de 24,6% y 25,4%, respectivamente. En muchos países, hay todavía importantes capas de la sociedad que necesita este respaldo público, sin el cual caerían en una situación de extrema indigencia que hipotecaría su futuro y el de la sociedad en su conjunto.
Los programas y las capacidades que han creado demostraron también su utilidad en las complejas situaciones de crisis. En el V Seminario se analizaron experiencias que muestran que los Programas de Transferencias y sus mecanismos de operación pueden servir para mejorar la respuesta a emergencias y crisis. Esto es importante, ya que significa que un uso inteligente de los Programas de Transferencia puede hacer mas eficiente y eficaz la respuesta a las catástrofes naturales o crisis económicas, tanto asegurando el derecho a la alimentación, como evitando que la población afectada se vea inmersa en dinámicas de depauperación más intensa, cuya reversión es muchísimo más lenta y tremendamente más costosa.
Sin embargo, y a pesar de que los programas contribuyen a la lucha contra el hambre y pobreza extrema, deben insertarse en un contexto amplio de políticas sociales y económicas y vincularse a ellos. Por sí solos no pueden conseguir que, en el corto y medio plazo, los mas vulnerables salgan de la situación de pobreza. Su papel es establecer una base para que la población objetivo pueda aprovechar otras políticas que contribuyan a su desarrollo, por lo que es preciso asegurar unos determinados mínimos vitales y sociales -alimentación, educación, salud- para que las otras políticas funcionen. No se puede exigir a los Programas de Transferencias que de forma independiente consigan impulsar a una sociedad hacia el desarrollo pleno y la justicia social indispensable.
Por todo ello hay que reconocer el importante papel de los Programas de Transferencias y su contribución al derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe, así como las valiosas enseñanzas que de los mismos podemos extraer para mejorar el conjunto de políticas necesarias para erradicar el hambre y la pobreza.
