La curva del hambre tuvo una importante inflexión en 2010: después de consecutivos aumentos en la población que sufre de subnutrición, hasta alcanzar los 1.020 millones en 2009, la FAO estima que a fines del 2010 el total de personas con hambre habrá bajado hasta 925 millones.

Esta reversión en la tendencia del hambre, anunciada hoy (14 de septiembre) por la FAO, es una señal positiva después de continuos aumentos, agravados a partir de 2006 por los efectos combinados del alza de los precios de los alimentos y de la crisis financiera y económica que siguió.

Sin embargo, no podemos olvidar que en 1990-1992 la población subnutrida en el mundo era de 843 millones, o sea, 82 millones menos que la cifra estimada para 2010. Estamos, por lo tanto, lejos de cumplir los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de reducir por la mitad la proporción de personas con hambre entre 1990 y 2015, y en la Cumbre Mundial de la Alimentación, de reducir por la mitad el total de personas con hambre en el mismo periodo.

La región de América Latina y el Caribe también acompañó la reversión de la tendencia del alza del hambre. Entre 2009 y 2010, la FAO estima una reducción de 600.000 en el número de personas con hambre en la región, de 53,1 a 52,5 millones.

Aunque América Latina y el Caribe fue la única región del mundo que logró reducir continuamente el hambre entre 1990 y 2005, la caída de solamente 1 % en el periodo 2009/2010 fue la menor registrada a nivel mundial para el 2010.

Existen al menos tres factores que contribuyen a explicar este resultado.

En primer lugar, la crisis financiera y económica tuvo un impacto sobre el crecimiento económico de la región más profundo de lo que inicialmente se había previsto, particularmente en los países importadores netos de energía y alimentos como los del Caribe y América Central. En una región donde las mejoras sociales dependen fuertemente del crecimiento económico, los últimos años fueron particularmente difíciles, y muchos países tuvieron que esforzarse por mantenerse a flote.

Lo anterior tuvo efectos negativos en el empleo y en los ingresos de los hogares más vulnerables, quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en comida, lo que se relaciona con el segundo factor: el impacto del alza de los precios de los alimentos. Y todos sabemos que en muchos de los países de la región la mayoría de los pobres que no trabajan no comen, dado que los mecanismos de protección social son limitados.

Los precios alimenticios se han mantenido a un nivel mayor que los que había antes de la crisis, lo que se ha traducido en un aumento del valor de la canasta básica. La primera estrategia alimentaria de una familia que percibe una caída de sus ingresos reales es sustituir productos más caros por más económicos, lo que usualmente significa cambiar la carne -fuente de proteína- por cereales. El paso siguiente es disminuir la cantidad de alimentos consumidos. Ambas decisiones tienen impactos importantes en la seguridad alimentaria.

Por último, muchos países no pudieron enfrentar adecuadamente la crisis por la debilidad de su institucionalidad pública. La presencia a nivel nacional de un sector público fuerte y con variadas atribuciones marcó la diferencia a la hora de enfrentar y recuperarse de la crisis. Esto se ve reflejado en el hecho que, no obstante la situación adversa, algunos países como Brasil, Ecuador, Nicaragua, y Perú lograron avances en la lucha contra el hambre entre 2000-2002 y 2005-2007.

El caso de Brasil llama la atención. El país logró reducir el número de personas subnutridas de 16,3 millones a 12,1 millones. Esto es producto de un conjunto de políticas que, en el marco de la estrategia Hambre Cero -que vincula acciones de seguridad alimentaria de corto, mediano y largo plazo- han logrado promover la inclusión gradual de importantes segmentos de la sociedad.

Lo anterior nos señala que, aunque retomar el crecimiento económico sea un factor fundamental para reducir el hambre y la pobreza, es posible avanzar incluso en situaciones complejas si el Estado tiene las condiciones de asumir un rol más activo en la defensa de los hogares más vulnerables, sea reforzando sus redes de protección social, o  promoviendo la inserción productiva de los más pobres, principalmente en el campo.

En una región donde la producción agropecuaria es uno de los principales motores del crecimiento económico, aún existe la paradoja de que el 29,5 % de la población rural es indigente, versus el 8,3 % en las áreas rurales. En números absolutos, 35 de los 70,7 millones de indigentes que hay en la región viven en el campo.