Siempre es una buena noticia que un país decida modernizar su institucionalidad de libre competencia. Y especialmente lo es cuando quien lo persigue es un país como México, un gigante amable al que todos en Latinoamérica estamos observando con atención.
Sin embargo, el Proyecto de Ley que se presentó en febrero a la Cámara de Diputados mexicana resulta gravemente preocupante desde una mirada técnica, jurídica y económica. En resumen, pueden detectarse al menos tres graves problemas conceptuales en este pretendido diseño institucional: primero, falta de independencia de las autoridades que investigan, juzgan y sancionan, las que corren riesgos de captura económica o política. Segundo, falta de certeza jurídica en perjuicio de los agentes económicos, debido a la introducción de ambiguos conceptos jurídico-económicos. Tercero, excesiva discrecionalidad de la autoridad administrativa para definir ilícitos anticompetitivos.
Sinceramente, un proyecto de esta naturaleza, nacido en el afán de importantes reformas constitucionales, y que anuncia su intención de incorporar las mejores prácticas internacionales en la materia, parece alejarse diametralmente de éstas y podría tener efectos económicos adversos, no sólo para la libre competencia, sino además para el desempeño de la economía mexicana.
La regulación de la libre competencia, que debe orientarse finalmente a la protección de los consumidores, y que tan sustancial efecto puede tener en el desarrollo de la economía de los países, no puede obedecer a agendas políticas particulares, ni puede darse el lujo de experimentar con conceptos ambiguos e indeterminados, como pareciera desprenderse del contenido del proyecto. Es algo que han destacado con fuerza organismos internacionales públicos y privados, tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo International, la OECD o la International Competition Network.
Es muy serio que el proyecto no entregue independencia real a los organismos encargados de investigar y sancionar; no al menos en cuanto a los incentivos que se les otorgan. No debiera admitirse, luego, el riesgo de instrumentalización de las investigaciones y de las decisiones para efectos políticos, particularmente en el contexto de que se autorizan intervenciones de mercados en base a sus estructuras (y no sólo como resultado de conductas anticompetitivas), cuestión que excede el ámbito de una legislación de competencia y debiera ser tratado, fundadamente, por medio de regulaciones sectoriales. Es reprochable la utilización de conceptos jurídico-económicos difusos, lo que puede devenir en la sanción de meras situaciones de mercado o en la prohibición de regulaciones que tutelen otros bienes relevantes (ambientales, de seguridad financiera, por nombrar algunos) sólo en consideración a que podrían imponer barreras en lo económico. No puede entregarse a una autoridad de competencia la fuerza para definir conceptos concurrenciales discrecionalmente, sin fijarle criterios estrictos al efecto.
Creo que el Proyecto de Ley comentado es riesgoso para el devenir de la institucionalidad de libre competencia de México. Tanto los agentes económicos como los consumidores quedarían a merced de los vaivenes reglamentario-políticos de la autoridad, en un retroceso institucional relevante, que contendría además muchos elementos que parecieran ir directamente en contra de lo que debiera ser una normativa de competencia ajustada a los mejores y probados estándares internacionales. Todo lo cual podría generar graves resultados en cuanto a afectar la certidumbre de los mercados, el crecimiento, el desarrollo; y, finalmente, el bienestar de los consumidores, lo que sería una infeliz paradoja dado que ese bienestar es lo que cualquier normativa de libre competencia debiera precisamente propender a tutelar y, lo que, al menos en su texto, el Proyecto buscaría resguardar.
Espero que una adecuada mirada de política pública se imponga en la discusión parlamentaria, previniendo los efectos adversos del proyecto, y reponiéndolo con uno nuevo o al menos con sustanciales modificaciones que lo conviertan realmente en un instrumento de desarrollo y avance para la institucionalidad y la economía mexicana.
