Mientras América Latina y el Caribe se preparan para un año clave en la decisión de consolidar las instituciones de integración, hay temas claves que deberá tratar el conjunto de países.

Se trata de las posibles situaciones que se dan en donde los medios de comunicación del poder hegemónico, las estructuras enmohecidas de la justicia y algunos parlamentos, se han convertido  en diseñadores activos y ejecutores de los llamados "golpes blandos o suaves", que se han producido en esta región, como son los casos de Honduras y Paraguay.

HONDURAS

En Honduras se vive en estos días una guerra de escorpiones, como bien podía llamarse a  la lucha de intereses entre dos buenos "socios" durante el golpe que destituyó al presidente Manuel Zelaya, en junio de 2009: la Corte Suprema y el Parlamento.

El sorpresivo despido, el pasado 12 de diciembre, de cuatro magistrados de la Corte Constitucional por el Congreso, está caracterizado como un Golpe de Estado Técnico por la ultraderecha hondureña.

Es bueno recordar que el Congreso de Honduras avaló rápidamente el golpe de 2009, después de haber sido ganado para la "causa" por quien fuera embajador de Estados Unidos en ese país, John Negroponte, en los años 80, garante en la firma de militares argentinos con el ejército mercenario de la Contra que llevaba adelante la guerra sucia contra Nicaragua sandinista, desde territorio hondureño.

La Corte Suprema de Justicia nombrada por ese Congreso, en 2008 (poco tiempo antes del golpe), también dio su aval, considerando que el secuestro del presidente Zelaya por los militares que asaltaron su residencia y lo llevaron fuera del país con un breve paso por una base militar de Estados Unidos, en Palmerola (territorio hondureño), era una "recuperación democrática".

El actual Congreso surgió de las "elecciones" del 29 de noviembre del 2009, mientras el golpe continuaba organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), denunciado por la oposición como un organismo que desde hace medio siglo responde a los poderes fácticos.

Ese Congreso no despide a los magistrados por golpistas, ya que en eso participaron junto a los militares. Ahora se enfrentan porque para la Corte todo debe quedar como está, y si es necesario calmar "militarmente" a las resistencias que no ceden, pese a la cantidad de asesinatos de campesinos, trabajadores, periodistas que, en este caso, no preocupan a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Para los grupos políticos del Congreso que responden a sectores ávidos de avanzar en sociedades con grandes transnacionales y que pensaban entregar parte del territorio nacional (investigación de Dick Emuelsson; Honduras, 19 de diciembre) este es el momento de hacerlo. Era demasiado evidente y grosero el planteo entusiasta de esos legisladores,

La Corte  revocó la decisión del Congreso Nacional de entregar "territorio  nacional a poderes extranjeros que tendrían soberanía judicial dentro del Estado hondureño por 99 años, porque se les venía "el mundo encima". Y vinieron las destituciones.

Es en ese contexto la pelea entre los sectores golpistas del pasado 2009, por intereses y visiones de poderes. La justicia es una cáscara vacía. Pero de eso no hablan los grandes medios.

PARAGUAY

Desde que el ya fallecido dictador Alfredo Stroessner -quien gobernó entre 1954 y 1989 a sangre y fuego su país-  fue derrocado por un golpe del también general Andrés Rodríguez, su consuegro y partícipe necesario en todos los delitos dictatoriales, se instaló el conocido esquema de cambiar algo para que nada cambie.

Más allá de los propósitos supuestamente "democráticos" de Rodríguez, que en realidad aseguraba continuidad a toda la estructura del Partido Colorado, que acompañó la larga dictadura, algunas cosas se salieron de madre.

Miles de familiares de víctimas, de sobrevivientes de aquella dictadura, fueron capaces de romper esquemas, con una enorme voluntad y una marcada soledad en los primeros años.

Sin ellos la continuidad habría sido infinitamente más brutal. Pero nunca lograron justicia. Sólo atisbos de esta, como el descubrimiento de los archivos del terror, por parte del ex detenido Martín Almada, algunos familiares y un joven juez. no perteneciente a esa vieja justicia, Agustín Fernández, de poco más de 20 años, que se atrevió a dar aquel paso.

Allí están los archivos más importantes descubiertos en América Latina, y que han servido para iniciar importantes juicios sobre crímenes de lesa humanidad en Argentina especialmente, en Europa, y Uruguay e incluso alimentado a las Comisiones de Verdad y Justicia.

Pero las estructuras judicial, policial y militar en nada han cambiado. Y esa justicia fue partícipe necesaria en el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Fernando Lugo a sólo nueve meses de unas elecciones presidenciales.

Es mejor decir parlamentario-judicial, porque la Corte Suprema fue parte del juego, de la maniobra de guerra psicológica, del ocultamiento judicial de los verdaderos hechos, de los que el destituido presidente Lugo no es culpable, sino víctima.

Esas estructuras judiciales siguen vivas y activas. Son miles los magistrados que han trabajado durante años para los poderes fácticos, las dictaduras allí y en toda América.

Por eso en Argentina fueron esas Madres y Abuelas, sobrevivientes y familiares, que desde aquellas históricas marchas primeras de las mujeres de pañuelos-pañales blancos, se convirtieron en jueces, fiscales, abogados, investigadores incansables, que expusieron en toda su miseria la ausencia de esas estructuras caducas, que nunca más deben ser.

*Esta columna fue publicada originalmente en agencia Télam.