En septiembre de 2005 el diario chileno El Mercurio publicó el siguiente titular: “Chávez dice que EE.UU. planea invadir Venezuela”. En julio de 2010 el diario español Público citaba a Chávez diciendo que “Si nos invaden, comenzará la guerra de los 100 años”. En mayo de 2016 Telesur citaba la denuncia de Nicolás Maduro, según la cual, “están preparando una invasión de la OTAN contra Venezuela”. En marzo de 2017 el diario español El Mundo titulaba “Maduro asegura que el presidente del Perú planteó a Trump invadir el país” (es decir, Venezuela).

En resumen, cuando menos desde 2004 (poco después de la invasión estadounidense de Iraq), el gobierno venezolano denuncia, entre dos y tres veces por año, la inminencia de una acción militar en su contra. Es cierto que dicha teoría conspirativa cobró nuevos bríos en agosto de 2017 cuando Donald Trump declaró que no descartaba “la opción militar” en Venezuela. Pero, claro, se trata del mismo personaje que un mes después amenazó en la ONU con la “destrucción total de Corea del Norte”, para luego negociar personalmente con su líder, Kim Jong Un, en junio pasado.

Sugiero por ende que, cuando de los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela se trata, sus advertencias sobre lo que intentan hacer o se intenta hacer en su contra deben ser tomadas con beneficio de inventario. Ello también debería aplicarse a la acusación (aún por fundamentar) del presidente Maduro, según la cual los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos estarían involucrados en el reciente atentado perpetrado en su contra: convengamos cuando menos que, de haber sido ese el caso, uno habría esperado que este fuera menos chapucero.

De otro lado, si bien es comprensible el escepticismo de la oposición sobre la versión oficial en torno al atentado, también existen indicios que la hacen verosímil. De un lado, existen precedentes. En junio de 2017 una célula comandada por el piloto Óscar Pérez atacó con armas de fuego el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo en Caracas. Y en agosto de ese año militares disidentes capturaron un fuerte en Valencia con el propósito de adueñarse de armas y municiones. De otro lado, existe una reivindicación explícita del atentado hecha por la organización Movimiento Nacional Soldados de Franelas, creada (según su página web) en 2014.

El escepticismo de la oposición se explica por el temor, hecho explícito por algunos de sus voceros, según el cual el gobierno podría emplear este incidente para resolver los conflictos políticos del país por medio de la fuerza dentro de un Estado de excepción. Pero ese podría ser el caso con prescindencia de a quién pudiera atribuirse la autoría de los atentados. Una cosa es, por ejemplo, sostener que el Acta Patriótica, la invasión de Iraq y la autocensura de los medios estadounidenses no habrían sido posibles de no mediar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y otra muy distinta es sostener que dichos atentados fueron perpetrados por el propio gobierno de los Estados Unidos.

La paradoja en casos como ese es que cabe dentro de lo posible que los perpetradores del atentado y el gobierno al que tienen por blanco político compartan cuando menos un objetivo: el de provocar una polarización que les facilite dirimir sus conflictos de interés por medios coercitivos.