Recientemente la Real Academia Española anunció que la palabra feminicidio será incorporada a la 23ª edición del Diccionario del mismo nombre. Este anuncio es una grata sorpresa, viniendo de una institución que definía femenino como “débil, endeble” y masculino como “varonil, enérgico”. Y nos muestra que el Estado y las instituciones que lo conforman cambian, convirtiéndose en parte de la solución al problema de la violencia contra las mujeres.

Los términos feminicidio y femicidio dieron la vuelta al mundo gracias a la lucha del movimiento de mujeres en América Latina y le dan nombre a los asesinatos de mujeres por razones de género. Son la expresión más radical de la violencia contra las mujeres y evitarlos es, como decíamos, una responsabilidad de los Estados y de la sociedad en general; en palabras de la antropóloga feminista Marcela Lagarde, “nombrar las cosas es sólo la mitad del camino, luego está el arduo recorrido para erradicarlo”.

Las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil de la región han iniciado el camino, pero siguen persistiendo desafíos para el cambio cultural que permita eliminar la discriminación y la desigualdad de las mujeres en la sociedad, origen de la violencia de género.

La promulgación de legislación en la materia no garantiza automáticamente este cambio del que hablamos, más las sociedades son dinámicas y aunque lentos, vemos que los cambios son posibles, y más si son impulsados por una respuesta estatal integral.

Según el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, “El compromiso de los estados: planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, la respuesta es más contundente en los ejes de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; el 100% de los países de la región han implementado campañas de este tipo. Cabe destacar los programas dirigidos a públicos específicos, como por ejemplo a los/as jóvenes en Chile a través de programas de detección en el noviazgo y de masculinidad positiva, o en Uruguay a través de programas para la prevención en entornos educativos, recreativos y culturales.

De igual forma, el 100% de los Estados han creado espacios para brindar servicios de atención médica, psicológica, social y económica. Una iniciativa destacada es el Centro de Atención Integral Ciudad Mujer en El Salvador, que ubica en un mismo lugar un área de atención infantil, asesoría legal y atención psicosocial. Estos avances son importantes, pero pueden sufrir una falta de continuidad y sostenibilidad debido a la alta tasa de rotación del funcionariado público.

Es preciso seguir trabajando en el fortalecimiento de las acciones e iniciativas en los ejes de sanción, es decir, la protección de las sobrevivientes, el acceso a la justicia y la penalización de los agresores, y la reparación de los derechos de las víctimas y sus hijas/os.  La mayoría de los países aplican órdenes o medidas de protección a las víctimas, pero tan sólo en el 21% los servicios de asistencia son prestados por personal especializado. Asimismo, aunque se han creado unidades de policía especializada en el 69% de los países, sólo en el 36% se identificó la existencia de personal especializado en la materia.

En el 28% de los países se ha incidido desde la institucionalidad y/o desde organizaciones de la sociedad civil en la formulación de nuevas leyes que tipifican penalmente nuevas expresiones de violencia, como el feminicidio/femicidio comentado al inicio (Chile, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú). Y en el 41% se implementan iniciativas orientadas al empoderamiento económico, crucial para que las mujeres puedan recuperar su autonomía y por ende las riendas de su vida.

Los pasos firmes para erradicar esta grave violación de los derechos humanos de las mujeres pasan por la integralidad de la respuesta institucional, es decir, la atención a las sobrevivientes es fundamental pero no hay que descuidar la prevención primaria (prevenir antes de que ocurra), la sanción efectiva y la reparación. Nuestro horizonte es romper el ciclo de la violencia contra las mujeres y que palabras como feminicidio no tengan por qué aparecer en el diccionario.

*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Humanum.