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Las ciudades deben ser el motor del crecimiento de América Latina
Vie, 15/09/2017 - 09:23

Pablo Sanguinetti

Pablo Sanguinetti
Pablo Sanguinetti

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de América Latina.

Con 8 de cada 10 personas viviendo en ciudades, América Latina es la región más urbanizada del planeta. Y este liderazgo se prolongará en las próximas décadas, ya que se estima que para 2050 el 90% de los latinoamericanos –cerca de 700 millones de personas- habitarán centros urbanos.

Las oportunidades de este proceso de urbanización son innumerables, especialmente en lo que refiere al aumento de la productividad y competitividad, aunque los retos que se presentan no son menos prominentes, especialmente si consideramos que ciudades como México DC, Buenos Aires, Bogotá, San Pablo, Lima o Quito registran altas tasas de informalidad laboral, de vivienda y de transporte público que limitan el crecimiento económico regional y lastran las aspiraciones de alcanzar los niveles de desarrollo de las economías más avanzadas.

Existe el consenso generalizado de que abordar este fenómeno, llamado “triple informalidad” (en vivienda, transporte y empleo), es una de las tareas pendientes de América Latina para los próximos años. En primer lugar, porque de ello dependerá que se puedan brindar servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, y con ello mejorar su calidad de vida; y segundo, porque si no solucionamos el problema de la informalidad, será muy complicado aumentar la productividad de la región y lograr un crecimiento sostenido que no dependa de la volatilidad del precio de las materias primas.

En esta búsqueda para aprovechar las oportunidades de la urbanización en los próximos años deberemos apostar por ciudades accesibles, con buenas infraestructuras y servicios públicos, que se conviertan en motores de crecimiento e inclusión social. Tal y como vemos en el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2017) de CAF, existen diferentes iniciativas efectivas al para mejorar la situación actual, como regular el uso del suelo, que determina dónde se localizan las empresas y las familias en una ciudad; flexibilizar el mercado residencia, que determina la calidad, el precio y la disponibilidad de las viviendas; o mejorar la infraestructura de transporte que determina la forma en que se mueven los habitantes de las ciudades.

En este proceso, es importante tener en cuenta que el éxito de las intervenciones en las ciudades depende en gran medida de la gobernanza metropolitana, es decir, las ciudades deben contar con institucionales que permitan implementar políticas públicas eficientes a nivel supra-municipal, siguiendo procesos transparentes y participativos.

En este sentido, es imprescindible fortalecer a las instituciones y las capacidades estatales a nivel metropolitano para coordinar eficientemente las políticas públicas y llevar a las ciudades latinoamericanas a un nuevo equilibrio basado en la inclusión social y, en definitiva, en el bienestar de los ciudadanos.

El sector de transporte es bastante ilustrativo de lo explicado arriba. La evidencia muestra que la infraestructura de movilidad en la región es escasa e inadecuada en comparación con las ciudades de países desarrollados, hecho que dificulta el acceso a los mejores empleos disponibles y que, paralelamente, impide que las empresas dispongan de la mano de obra más preparada. Según la encuesta hecha por CAF para el RED 2017, en ciudades como San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Lima una cuarta parte de la población emplea por lo menos una hora al día para llegar a su trabajo, mientras que el latinoamericano promedio tarda 40 minutos desde su casa al trabajo (sin contar el tiempo de retorno).

En cuanto a la vivienda, nuestro estudio asegura que pocas familias de América Latina pueden hacer frente al pago de una propiedad. Se calcula que un apartamento de 50 metros cuadrados podría consumir 30 años de ingresos promedio en varios países. Los déficits habitacionales de la región se manifiestan, por ejemplo, en el acceso limitado a servicios públicos. Entre las soluciones que propone el reporte se encuentran la flexibilización de la oferta inmobiliaria y del marco regulatorio de uso del suelo y estándares de edificación, o la agilización de los procesos burocráticos de permisos de construcción y registros de propiedad. Adicionalmente, por el lado de la demanda se requiere una mayor generación de ingresos y el fomento del acceso al crédito hipotecario.

Para que estas medidas tengan éxito será imprescindible que todos los actores –desde autoridades locales hasta gobiernos y organismos multilaterales- trabajen en conjunto para lograr ciudades más competitivas, prósperas y habitables.