Ahora que dirigentes de virtualmente todo el espectro político fueron involucrados de un modo u otro en las delaciones de Odebrecht queda claro que el caso Lava Jato no es una conjura colonial por parte de la izquierda brasileña. Es más bien expresión del más rancio mercantilismo capitalista. Es decir, de una práctica en la que empresas capitalistas no buscan obtener beneficios compitiendo en el mercado, sino pagando a políticos y funcionarios para obtener beneficios indebidos del Estado. En el caso Lava Jato además se ofrecía dinero para fondos de campaña a las candidaturas presidenciales con probabilidades de éxito, sin importar su orientación ideológica.
Existe sin embargo otra teoría conspirativa en torno al tema según la cual funcionarios y políticos probos serían víctimas de vendettas por parte de empresas como Odebrecht (ese es, por ejemplo, el alegato del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas). Antes de conceder verosimilitud a esas teorías conspirativas, deberíamos poner el asunto en perspectiva. Odebrecht no es la única empresa involucrada en el caso conocido en Brasil como “Lava Jato”. Por los montos involucrados es, sin embargo, la más importante.
Según propia confesión ante la justicia, Odebrecht pagó entre 2001 y 2016 un total de 788 millones de dólares en sobornos en doce países, diez de ellos en América Latina y el Caribe. De ese monto 394 millones fueron pagados en el Brasil a funcionarios y a dirigentes de los principales partidos (es decir, 50% del total). Según esa versión, en el Perú se habrían destinado a ese propósito 29 millones de dólares (es decir, 3.68% del total). Esa cifra no incluye los aportes de fondos para campañas electorales, pero las cifras conocidas sugieren que su distribución fue similar a la pauta establecida por la distribución de sobornos.
En otras palabras, el Perú representa una proporción bastante menor de los fondos involucrados. A lo cual habría que añadir que los ejecutivos de Odebrecht brindaron esa información a cambio de beneficios penitenciarios. En Brasil ello ocurre al amparo del mecanismo de las delaciones premiadas. Este implica que el inculpado reconoce su responsabilidad penal y brinda información sobre los políticos y funcionarios involucrados en la trama, a cambio de una reducción en sus años de condena. Pero si la información resulta ser falsa o tendenciosa, el inculpado no sólo perdería los beneficios ofrecidos sino que además enfrentaría nuevos cargos.
Es decir, sea que hablemos de sobornos o de fondos de campaña, los casos de la trama de Odebrecht que involucran al Perú son una proporción pequeña del total. Y los beneficios que están en juego para sus ejecutivos en casos como el de Marcelo Odebrecht implican una reducción de más de diez años en su condena a prisión. No tiene por ende sentido suponer que esos ejecutivos tengan incentivos para poner en riesgo esos beneficios por un caso que, como el peruano, representa una proporción menor de los fondos involucrados.
A propósito de la diferencia entre empresas capitalistas que compiten con eficiencia en el mercado y aquellas que apelan a prácticas mercantilistas, en su momento Odebrecht fue considerada por la escuela de negocios suiza IMD como la mejor empresa familiar del mundo. A juzgar por un titular de Bloomberg Businessweek sobre Odebrecht, hay algo en lo que eso sería cierto: “Nadie jamás construyó una maquinaria de corrupción como esta".
