Durante la reunión de APEC, en 2017, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió con honores oficiales a los gobernantes de cuatro regímenes autoritarios (Brunei, China, Tailandia y Vietnam). No creo, sin embargo, que ello baste para probar que existe un doble estándar cuando el propio Kuczynski pretende impedir la presencia del presidente Maduro en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril, en Lima.

De un lado, la Declaración de Quebec, aprobada en una de esas Cumbres, establece que “el respeto estricto al sistema democrático” es “un propósito y un compromiso compartido”, y que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático” constituye un obstáculo insuperable para participar “en el proceso de Cumbres de las Américas”: las “economías” de APEC (ni siquiera se les denomina “Estados” para que China no objete la presencia de Taiwán), jamás suscribieron un acuerdo de esa índole. Tampoco existe entre los países que integran APEC un acuerdo comparable a la Carta Democrática Interamericana aprobada por los países que integran la OEA.

De otro lado, existen consideraciones de realismo político: China es la segunda economía del mundo y nuestro principal socio comercial. Ello implica que no existe nada que el gobierno peruano pueda hacer sobre la ausencia de democracia en ese país y que cualquier intento de abordar el tema sería no sólo inútil sino además contraproducente.

El problemas con el retiro de la invitación a Maduro es otro. Es el hecho de que primero se le extendió una invitación que luego fue ratificada por el propio presidente Kuczynski para, finalmente, retirarla sin una razón verosímil. Primero se recurrió a lo dicho en la Declaración de Quebec para justificar la decisión. Pero, en primer lugar, se trata de una declaración aprobada en 2001. Es decir, ya era de conocimiento público unos dieciséis años antes de que el gobierno peruano, pese a ello, decidiera extender la invitación. En segundo lugar, la propia Declaración de Quebec establece sobre esa decisión lo siguiente: “Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de Cumbres”. Es decir, se trata de una decisión colectiva de los Estados que integran el proceso de las Cumbres, no de una decisión unilateral del Estado que, circunstancialmente, constituye la sede del evento.

Y en donde sí existe un doble estándar ostensible es en singularizar a Venezuela por la falta de democracia: el gobierno peruano no tuvo problemas en extender (y mantener) la invitación al evento a los gobiernos de Cuba (una dictadura de partido único) y Honduras (gobierno que, según la propia Misión de Observación de la OEA, se reeligió sin respetar las condiciones de una elección libre y justa, al punto que el Secretario General de la OEA recomendó realizar nuevas elecciones).

El asunto, de cualquier modo, no es establecer si el venezolano es o no un régimen autoritario que viola sistemáticamente los derechos humanos: lo es. El asunto es establecer cuál es el propósito de una decisión como la adoptada por nuestra cancillería. Si su propósito es hacer una catarsis colectiva u obtener un beneficio político de corto plazo, tal vez lo consiga. Si es en cambio ayudar a cambiar la situación en Venezuela, dudo que haga algo para conseguirlo.