Ciudad de México.- Los grupos que reúnen a las mayores automotrices de México están incrementando la presión al Gobierno para que las normas sectoriales establecidas en el acuerdo comercial TMEC entren en vigor en 2021 y no este año, debido a que aún ignoran las reglamentaciones y a la crisis desatada por el coronavirus.

Los armadores de autos ligeros y pesados, y los fabricantes de autopartes, agrupados en la AMIA, la Anpact y la INA, dijeron el miércoles que le han expresado a las autoridades que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) no puede entrar en vigor el 1 de junio, como está estipulado.

"La industria automotriz ha planteado (...) que las reglamentaciones uniformes y la regla de origen sean obligatorias a partir del 1 de enero de 2021, basada en las circunstancias actuales y la complejidad de las cadenas de insumos", señaló la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

"A la fecha, 67 días antes del 1 de junio, la industria aún no conoce el texto oficial de las Reglamentaciones Uniformes mediante las cuales se establece (...) la metodología que deberá aplicarse para realizar los cálculos del valor de contenido regional, para cumplir las nuevas reglas del TMEC", agregó.

 La propuesta de las firmas automotrices luce cuesta arriba en opinión del exjefe negociador técnico mexicano del TMEC, Kenneth Smith, para quien la opción de que entre en vigor el nuevo acuerdo este año con algunas reglas del aún vigente TLCAN "es complicada legalmente", dado que uno sustituye al otro.

El Parlamento canadiense fue el último en dar luz verde a mediados de marzo al tratado, que debe entrar en vigor el primer día del tercer mes después de que los tres países socios estén listos y hayan hecho sus notificaciones a los demás miembros.

A partir de su entrada en vigor, las armadoras de autos deben empezar a cumplir con un 66% de valor de contenido regional para tener libre arancel, desde el actual 62.5%, hasta llegar, progresivamente, al 75%.

Los fabricantes de vehículos pesados, en tanto, tienen cuatro años para comenzar a elevar el porcentaje fijado en las reglas de origen desde el vigente 60% hasta un 70%.

"Potencial incumplimiento". Este no es el primer intento de cabildeo de la industria. En una carta enviada a las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores a fines de febrero, los gremios advirtieron que estaban en un "escenario de potencial incumplimiento" por la imposibilidad "de revisar la forma en que deberán modificarse los procesos e interrelación (...) de la cadena productiva".

Entretanto, el coronavirus, un brote originado en China a fines del año pasado y que ha dejado casi 500.000 infectados y 22.122 muertes en todo el mundo, ha obligado a muchas automotrices a detener sus operaciones en Norteamérica.

"Si sumamos los problemas derivados del COVID-19, en materia de abastecimiento de partes y componentes y la reducción de operaciones por paros técnicos (...) en nuestro país, resultará imposible a las empresas del sector cumplir con las nuevas disposiciones a partir del 1 de junio", agregó la industria.

Miguel Elizalde, presidente de la Anpact, que reúne a los fabricantes de vehículos pesados, dijo a Reuters que "los desafíos causados por el virus están afectando tanto a los productores (...), como a todos sus proveedores, por lo que hacer ajustes en la cadena productiva se vuelve más complicado".

Cuesta arriba. La propuesta de las firmas automotrices luce cuesta arriba en opinión del exjefe negociador técnico mexicano del TMEC, Kenneth Smith, para quien la opción de que entre en vigor el nuevo acuerdo este año con algunas reglas del aún vigente TLCAN "es complicada legalmente", dado que uno sustituye al otro.

El escenario más probable para Smith es que se dilate la puesta en marcha del nuevo tratado mientras las partes terminan de definir las reglas de operación hasta, incluso, septiembre, pero agregó que los gobiernos estarían siendo muy cautelosos de informar aquello por las implicaciones económicas.

"Es una situación delicada para nuestro gobierno", dijo.

Las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios por parte de Reuters.