Dos reportes recientes traen malas noticias sobre el estatus de la democracia en el mundo. El “Índice de Democracia” de la unidad de inteligencia de la revista The Economist concluye que 89 de los 167 países evaluados vieron empeorar su estatus democrático en 2017, respecto al 2016. El reporte concluye que se trata de la “peor caída de la democracia global en años”. De otro lado, el reporte de Freedom House titulado “Libertad en el Mundo 2018: democracia en crisis”, concluye que “2017 fue el doceavo año consecutivo en el que hubo un declive de la libertad mundial”. Según ese informe, 71 países tuvieron un peor desempeño en materia de derechos políticos y libertades civiles en 2017, que en 2016.
Ambos reportes indican que también se registraron esas tendencias en América Latina. Existen varios reportes sobre temas específicos que confirman esas tendencias en nuestra región. Nos remitiremos a sólo uno de ellos: el último Reporte Anual de Defensores de Derechos Humanos bajo Riesgo, que publica la organización Front Line Defenders.
Siguiendo la pauta establecida por la ONU, esa organización define como defensores de los derechos humanos a toda persona u organización que trabaja para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las normas que la desarrollan. Es decir, la definición incluye a los dirigentes e integrantes de movimientos sociales que defienden una amplia gama de derechos.
Según el reporte en mención, 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017 en todo el mundo, de los cuales 212 (es decir, el 67,9% del total), fueron asesinados en América Latina. De esos 212 asesinatos ocurridos en América Latina, según la ONU hasta el 20 de Diciembre pasado 105 se produjeron en un solo país: Colombia.
Si bien la mayoría de esos asesinatos fueron cometidos por sicarios y grupos irregulares armados, habría que hacer algunas atingencias. Existen sentencias judiciales que establecen, de un lado, que las fuerzas del orden también cometieron ejecuciones extrajudiciales (por ejemplo, el caso de los denominados “falsos positivos”) o que, de otro, actores oficiales tuvieron vínculos con esos grupos irregulares armados (por ejemplo, el caso de la denominada “parapolítica”). Además el Estado no cumple debidamente ni con proteger a las potenciales víctimas ni con detener, juzgar y condenar a los victimarios (como sugiere el que Colombia también encabezara el reporte de 2016).
La cifra de homicidios de activistas sociales en 2017 en Colombia es comparable con la de los homicidios cometidos el mismo año en Venezuela durante las manifestaciones de protesta contra el régimen (más de 120 según cifras oficiales, de las cuales la gran mayoría fueron cometidos por las fuerzas del orden). Aunque existen diferencias ostensibles entre ambos casos, no deja de ser notorio el hecho de que sólo uno de ellos tuviera una cobertura mediática significativa en la región y produjera tanto pronunciamientos de la OEA como una investigación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional.
Por cierto, en los dos últimos años Brasil ocupó el segundo lugar a nivel mundial en los reportes de Front Line Defenders. Es decir, el reciente asesinato de Marielle Franco causó conmoción por la prominencia política de la víctima y las circunstancias bajo las cuales ocurrió, no porque hechos de esa índole no ocurran con relativa frecuencia en ese país.
