El Grupo de Lima se creó en respuesta a los contratiempos que afrontaba el sistema interamericano en su intento de lidiar con la ruptura del orden democrático en Venezuela. El gobierno venezolano denunció la convención Interamericana de Derechos Humanos y abandonó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ignoró los pronunciamientos del Secretario General de la OEA y los gobiernos que la integran no consiguieron la mayoría calificada requerida para aplicar la Carta Democrática Interamericana.

Lamentablemente ahora hay razones para creer que es el Grupo de Lima el que abdica de su compromiso con la democracia en la región. Aunque no el único, el caso más notorio es el de uno de sus integrantes: Honduras. Como muestra, contrastemos lo dicho por el Grupo de Lima en sus pronunciamientos sobre Venezuela con lo que dijo la OEA sobre Honduras.

Por ejemplo, en su comunicado del 23 de enero pasado, el Grupo de Lima condena “los actos de violencia, con la consecuente pérdida de vidas humanas”. En su informe final sobre las elecciones hondureñas, la Misión de Observación Electoral de la OEA (encabezada por el expresidente boliviano Jorge Quiroga, opositor del gobierno de Evo Morales) concluye que “la falta de confianza en el proceso desató protestas que se tornaron en ocasiones violentas, y que al momento reportan decenas de muertos”. El comunicado en mención, del Grupo de Lima, exige la presencia de “observadores internacionales independientes”, y en un comunicado previo ponía en tela de juicio la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pues bien, en el caso hondureño “la Misión de la OEA constató que los magistrados responden a la influencia partidista en el Tribunal Supremo Electoral” (sic), añadiendo que ello ponía en riesgo su “imparcialidad y neutralidad”.

El comunicado del 23 de enero del Grupo de Lima rechaza la reciente convocatoria electoral en Venezuela, dado que las condiciones y premura bajo las que se convocaron imposibilitarían “la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles". Sobre esos temas, la misión de la OEA en Honduras comienza por constatar que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, y que el permitirla “por sentencia judicial, constituye una mala práctica que se ha presentado en otros países de la región”. Concluye diciendo que “el cúmulo de irregularidades y deficiencias son tales, que no permiten tener plena certeza sobre el resultado”. Por esa razón el comunicado de la Secretaría General de la OEA (presidida por Luis Almagro, crítico del régimen venezolano) dice a la letra que “ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras, es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho (…)”.

En lo personal, tiendo a coincidir tanto con lo dicho por el Grupo de Lima en torno a Venezuela como con lo dicho por las instancias citadas de la OEA en relación a Honduras. Es deplorable, sin embargo, que el Grupo de Lima, tan claro y categórico cuando se trata de Venezuela, no diga nada sobre el caso hondureño. Peor aún, la mayoría de gobiernos integrantes del Grupo de Lima reconocieron el resultado electoral en Honduras después de hacerse públicos el Informe Final de la Misión de la OEA y el comunicado de su secretaría general.