En una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en que se discutía el caso de Barrios Altos, un magistrado preguntó sobre la acepción “en el idioma peruano” (sic) de un término que el juez Villa Stein habría endilgado a los organismos de derechos humanos: “caviar”. Su perplejidad era comprensible dada la polisemia que rodea al término y a sus derivaciones: puede ser adjetivo ("caviar"), sustantivo ("caviarada"), verbo ("caviarizar"), condensar una posición y la posición contraria ("fujicaviar") o desafiar el principio de identidad ("falso caviar"). Antes que un concepto en busca de definición, parece un significante vació que conjura las aversiones viscerales del usuario.
En su origen, sin embargo, tuvo un significado preciso: todo aquel que siendo un elitista enarbolaba una agenda progresista calificaba como “caviar” (de allí la denominación “izquierda caviar”). Y quienes así lo calificaban no eran (como en el Perú) conservadores, sino más bien marxistas que, en contraposición, se consideraban una izquierda auténtica. Bajo esa acepción el uso del término para calificar a la Corte IDH resulta paradójico si se recuerda que cuando el presidente Hugo Chávez inició el proceso de retiro de su competencia contenciosa, alegó exactamente lo contrario: la Corte IDH era “un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a gobiernos como el venezolano”. Comprenderá el lector que la Corte IDH podrá tener un sesgo de derecha o uno de izquierda, pero no puede tener ambos sesgos al mismo tiempo. Una explicación más simple sería que dos de los tres gobiernos que se retiraron de su competencia contenciosa (los de Fujimori y Maduro) preferían mantener su conducta en cuestión de derechos humanos al margen del escrutinio internacional.
Tal vez ello explique la ambivalencia de parte de nuestros congresistas en torno a estos temas. Durante su primer año de gestión el actual Congreso peruano aprobó cuatro pronunciamientos en torno al deplorable estatus de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Sus promotores criticaron (con razón) a los congresistas de izquierda que no se sumaron a esas iniciativas. Dirigentes de diversas bancadas criticaron el retiro de Venezuela de la competencia contenciosa de la Corte IDH y aplaudieron a la cancillería peruana cuando invocó la Carta Democrática Interamericana (CDI) para lidiar con la situación venezolana.
Pero esos mismos congresistas recularon en toda la línea cuando el presidente Kuczynski invocó la CDI en defensa propia. Lo cual es irónico si se recuerda que la CDI fue adoptada en Lima el 11 de Septiembre de 2001, precisamente porque una experiencia clave que contribuyó a darle origen fue la del régimen fujimorista (es decir, un caso en el que, al igual que en Venezuela, un presidente elegido en forma democrática subvirtió desde el gobierno el orden constitucional). Lo mismo vale para su rechazo a la decisión de la Corte IDH contraria al intento del Congreso por vulnerar la autonomía del Tribunal Constitucional o a su posible injerencia en el tema del indulto para Alberto Fujimori.
Más irónico aún es que, para justificar su oposición a la injerencia de la Corte IDH, se invoque una de las razones que esgrimió Nicolás Maduro para oponerse, tanto a la aplicación en Venezuela de la CDI como para retirarse de la Corte IDH: la soberanía nacional. Como si se tratara de una imposición externa y no de acuerdos internacionales que, en ambos casos, fueron suscritos en forma voluntaria.
