Hemos sido testigos de dos tipos de revelaciones sobre el Perú por parte de funcionarios de Odebrecht. El primero involucra la información que estos brindan bajo el mecanismo que en Brasil denominan "Delación Premiada". Similar a lo que en el Perú denominamos "Colaboración Eficaz", este implica la obligación de responder con la verdad a las preguntas formuladas por los fiscales a cambio de beneficios penitenciarios (por ejemplo, reducción en los años de su condena a prisión). Si el acusado miente u oculta información no sólo pierde esos beneficios, sino que podría ser condenado por delitos adicionales.
El segundo tipo remite a la información que Odebrecht revela al margen de los procesos judiciales. El caso en favor de la moción de vacancia presidencial en el Perú se basó en ese tipo de información. El problema con ello no es que la información sea falsa, sino que la empresa tuvo un control discrecional sobre qué información filtrar, cuándo hacerlo y a quién entregarla. Control que brinda poder de negociación político a una entidad cuyos activos son retenidos por el Estado para garantizar el pago de la reparación civil.
Es decir, Odebrecht podría brindar información para sus propios fines, favoreciendo en el proceso a ciertos actores políticos a expensas de otros. Eso es lo que parece haber ocurrido en el caso de la Comisión del Congreso que investiga las repercusiones en el Perú del caso Lava Jato, y que ahora lleva a que sectores de la sociedad enarbolen la consigna “¡Que se vayan todos!”. El problema con ella es que virtualmente nunca ocurre eso. Veamos sino las repercusiones políticas del caso Lava Jato en su país de origen, Brasil.
Cuando Dilma Rousseff fue removida del cargo en el contexto de ese escándalo no pesaba sobre ella ninguna acusación penal: fue destituida por maniobras contables que no eran inéditas en el Brasil. En cambio, el primer presidente acusado por corrupción en democracia durante el ejercicio del cargo fue su sucesor y verdugo, Michel Temer. Y fue acusado formalmente no en una, sino en dos ocasiones por el fiscal general, Rodrigo Janot. Pero la mayoría de la Cámara de Diputados lo salvó de ser juzgado por esos cargos.
A su vez, esos diputados no votaron para salvar a Temer basados en los méritos del caso, sino en otras dos razones. La primera fue la obtención de concesiones para los grupos de interés a los que representan. Así, por ejemplo, en ocasiones los brasileños fueron testigos de negociaciones públicas para reducir la deuda fiscal y las multas por daño ambiental a empresas agropecuarias a cambio del voto exculpatorio. La otra razón fue que, según Transparencia Brasil, 53.7% de los 513 diputados tenía cuentas pendientes con la justicia. Siendo la coalición que respalda al presidente Temer la fuerza mayoritaria en el Congreso, ejecutivo y legislativo se cubrían mutuamente las espaldas.
A propósito, la consigna “¡Que se vayan todos!” fue coreada por primera vez en la Argentina tras la crisis de Diciembre de 2001. Pero antes que irse todos, quedó en pie la fuerza mejor organizada (el peronismo). Unos quince años después las imágenes del ex secretario de Obras Públicas, José López, introduciendo bolsos con más de US$9 millones en un convento sugieren que el país no era menos corrupto como consecuencia de ello.
