Apenas accedió al gobierno de su país, Donald Trump amenazó con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si este no era modificado según sus demandas. Tras un año de negociaciones en que Canadá y México hicieron concesiones substantivas para evitar aranceles punitivos, finalmente se llegó a un nuevo acuerdo.
Pero dado que el nuevo acuerdo aún no ha sido ratificado por el Congreso estadounidense, Trump anunció que, de cualquier modo, aplicará aranceles punitivos contra México por razones ajenas al tema comercial: todas las importaciones mexicanas serían gravadas con aranceles que crecerían en forma gradual "hasta que el problema de la inmigración sea remediado" (según reza un tuit presidencial). Afortunadamente, luego la aplicación de esa medida fue suspendida hasta nuevo aviso.
No queda claro qué es lo que debería hacer México para evitar que eso cambie. De un lado, como vimos en ocasiones anteriores, la evidencia de dominio público no ampara la posición de Trump, según la cual existiría una crisis migratoria. De cualquier modo, según el Departamento de Seguridad Interior (es decir, una agencia del propio gobierno de los Estados Unidos), la mayoría de los inmigrantes indocumentados no cruzan la frontera en forma clandestina, sino que lo hacen con visa y permanecen en el país cuando esta expira. Finalmente, la mayoría de quienes intentan hoy cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos ni son mexicanos ni intentan ingresar en forma clandestina: son ciudadanos de países centroamericanos que presentan solicitudes de asilo (las cuales, bajo el derecho internacional, el gobierno estadounidense está obligado a tramitar aunque, finalmente, la solicitud sea denegada).
A propósito, los países de origen de los solicitantes de asilo (en lo esencial, El Salvador, Guatemala y Honduras) también fueron sancionados con el retiro de la ayuda oficial por, según otro tuit presidencial, "no hacen nada" a cambio de esa ayuda. Evaluación con la que discrepan agencias de su propio gobierno, dado que los desembolsos estaban condicionados al cumplimiento de ciertas prácticas por parte del país receptor (como, precisamente, actuar en contra de las redes de traficantes de personas o disuadir a los posibles emigrantes). Si los desembolsos continuaron, ha de ser porque esas agencias consideraron que los gobiernos centroamericanos cumplían con esas condiciones. De cualquier modo, parte de la ayuda era entregada a la empresa privada, a organizaciones no gubernamentales o a entidades internacionales, las cuales no tendrían por qué pagar por las posibles falencias de los gobierno centroamericanos.
Por lo demás, los efectos de la ayuda oficial dependen en parte de que esta se sostenga en el tiempo, como creían los funcionarios estadounidenses que solían presentar como ejemplo de ello al denominado "Plan Colombia". A propósito, Trump también endilgó un tuit al nuevo presidente colombiano, Iván Duque, por (nuevamente) "no haber hecho nada por nosotros" en cuanto a detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Todo lo cual, por añadidura, procede del gobierno estadounidense que resucitó la Doctrina Monroe mientras amenaza con iniciar una intervención militar en Venezuela.
Dadas sus afinidades ideológicas, la nueva hornada de mandatarios conservadores en América Latina tiende a percibir al gobierno de Donald Trump como un aliado. Tal vez deberían comenzar a preguntarse si es razonable esperar reciprocidad de su parte. Porque, antes que como aliados, Trump parece inclinado a percibirlos como chivos expiatorios.
