Santiago. El 24 marzo Panamá implementó por decreto una Ley Seca en todo su territorio, como parte de las medidas para luchar en contra de la pandemia del coronavirus. La intención del Gobierno de Laurentino Cortizo era mantener a la gente en sus casas y evitar hechos de violencia; pero el efecto fue otro: un incremento “exacerbado” de la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Solo en el primer mes, se decomisaron más de 600 cajas de distintos licores, valorados en US$75.000. Finalmente, el 8 de mayo, el Ejecutivo desistió y levantó la prohibición.

En México, la historia es aún más extrema. Al menos cien personas murieron a mediados de mayo al consumir alcohol adulterado en los estados de Puebla, Morelos y Jalisco. El hecho ocurrió en medio de las medidas restrictivas que mantiene cerrada a la industria cervecera mexicana, una de las mayores del mundo. Las investigaciones aún están en curso, pero la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit por sus siglas en inglés) ha advertido de una relación entre la paralización de la producción de cerveza y el aumento del tráfico de alcohol en un país donde más del 36% de los licores que se consumen son ilícitos.

Los dos casos ponen de manifiesto una tendencia que Tracit viene observando con preocupación: el confinamiento y las medidas restrictivas han incrementado el comercio ilícito en América Latina, una región históricamente golpeada por este flagelo. Además de Panamá y México, Brasil también destaca entre los países donde el llamado “mercado negro” se ha disparado.

Esteban Giudici, especialista de la organización Tracit, explica que el coronavirus y las acciones que los gobiernos están tomando para combatirlo, han generado nuevas oportunidades para desarrollar actividades comerciales ilícitas, con el sector de bebidas alcohólicas, tabaco y farmacia, como los más afectados.

“Hay una falta de política combinada en los Gobiernos. A veces, para controlar a un sector especifico, se toman medidas aisladas que terminan alimentando el comercio ilícito, como ocurrió en Panamá y México con la prohibición de vender alcohol en cuarentena”, explica el experto de la organización. Aún así, Giudici reconoce que el confinamiento y ciertas restricciones son necesarias para enfrentar un virus que ya ha matado a más de 390.000 personas en el mundo.

“Estamos en una encrucijada, es un tema álgido porque las medidas de confinamiento son necesarias, pero cuando se deja de producir, automáticamente eso incentiva el comercio ilícito”, afirma Esteban Giudici.

Otro caso que preocupa a Giudici es el incremento de la venta ilegal de productos farmacéuticos y advierte que la mayoría de las veces se trata de fármacos falsificados. Según detalla, la comercialización ilegal de este rubro se registra con más frecuencia en países de Centroamérica y Brasil, donde -además de medicinas- se estaría traficando con alcohol gel y mascarillas, dos implementos fundamentales para protegerse durante la pandemia del coronavirus.

E-commerce ¿guarida de criminales?

El especialista de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito explica que la venta ilegal de fármacos ha dejado en evidencia otra vulnerabilidad en la región: el incremento del mercado negro a través del e-commerce. “Esta tendencia ha aumentado mucho durante el confinamiento, porque la gente está acudiendo más a las compras online”, comenta.

El auge del e-commerce del que habla Giudici, lo confirmó un estudio de MercadoLibre, realizado a mediados de abril, que contabilizó a 1,7 millones de nuevos consumidores digitales en Latinoamérica desde el inicio de la pandemia. Además, del total de consumidores de la región, el 24% realizó más de 3 compras en línea.

Este óptimo resultado que está teniendo el e-commerce en medio del confinamiento, está siendo aprovechado por las organizaciones criminales. Giudici explica que en el caso del comercio electrónico, no existe un reglamento claro que permita regularlo, por lo que termina siendo un escondite fácil para los criminales.

 

“El marco regulatorio es pobre, lo que existe es más lo relativo a la protección de datos y no a la comercialización ilícita”, comenta. A juicio del experto, el problema “lamentablemente” no está en la agenda de los Gobiernos y la necesidad de abordarlo es cada día más urgente.

Impacto global

El comercio ilícito no es un problema único de Latinoamérica, y dependiendo del sector, impacta con mayor fuerza en una región o en otra. Según estimaciones de la Asociación Latinoamericana Anticontrabando, en América Latina, este delito mueve recursos por un total de US$210.000 millones al año, lo que representa pérdidas fiscales de más de US$1.500 millones. El impacto global también es significativo: el tráfico ilegal equivale entre el 8% y el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) internacional.

Esteban Giudici explica que si se considera la perspectiva del volumen respecto a la población, el índice del comercio ilícito es menor en Latinoamérica que en otras zonas, "pero el efecto negativo que tiene en las sociedades de la región es mucho mayor". A lo que refiere el experto, es a una clara relación que han identificado entre el mercado negro y el aumento de la violencia donde se lleva a cabo el delito.

En el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, encargado por Tracit en 2018, la región América (que incluye a Estados Unidos y Canadá) se ubicó tercera con 54,0 de un rango de 100, por encima del Medio Oriente y África, que obtuvieron el peor desempeño en los indicadores de transparencia y comercio. En el estudio, Europa logró la mejor posición con 68,0 puntos y Asia-Pacífico se ubicó segundo con 56,0.

 

En detalle, el Índice de Tracit muestra a la región América como la segunda más fuerte en el entorno aduanero y de políticas gubernamentales, detrás de Europa. En cambio, tiene un peor desempeño -incluso por debajo de Medio Oriente y África- en la categoría de oferta y demanda, principalmente por la calidad de las instituciones estatales y las regulaciones del mercado laboral que, fuera de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, son más restrictivas que el promedio del índice en lo que se refiere a contratar y despedir empleados.

Por país, Estados Unidos fue el mejor evaluado en la región con 82,5 puntos, seguido por Canadá (77,4) y Chile (69,1); mientras que los peores calificados fueron Venezuela (28,1), Belice (34,7) y Trinidad y Tobago (38,0).

Acción y consciencia

La falta de una ación más efectiva por parte de los gobiernos y las autoridades responsable de aplicar la justicia, es un aspecto que contribuye a la expansión del mercado negro. Esteban Giudici asegura que la mayoría no tiene noción real de lo que general el comercio ilícito. “Falta consciencia respecto al volumen comercializado por esta vía ilegal, la implicación que trae y el impacto que genera”, dice.

 

En tal sentido, el experto de Tracit, insiste en la necesidad de medidas coordinas nacional e internacionalmente para enfrentar este delito, destinar más recursos y capacitar a las fuerzas del orden para combatir un crimen que parece cada vez más organizado. Además, plantea la importancia de que se incremente la seguridad en la cadena de suministro y la regulación en las zonas franca.

Aún así, Giudici ve un panorama complejo para el comercio ilícito en la región, sobre todo mientras se mantengan las medidas restrictivas por la pandemia. “Estamos en una encrucijada, es un tema álgido porque las medidas de confinamiento son necesarias, pero cuando se deja de producir, automáticamente eso incentiva el comercio ilícito”, sentencia.