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Corrupción y modelo económico
Mar, 21/02/2017 - 10:37

Farid Kahhat

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Farid Kahhat

Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.

Hay dos debates políticos en curso sobre los escándalos de corrupción vinculados al caso “Lava Jato”. El primero gira en torno a la presunta relación que esos escándalos tendrían con el denominado modelo económico “neoliberal”. El segundo gira en torno a la presunta búsqueda de hegemonía regional por parte de la izquierda brasileña, a través de ese esquema de corrupción. En artículos sucesivos ofreceré algunas razones por las que creo que ambas son presunciones equivocadas.

En cuanto a la relación entre corrupción y modelo económico, cabría decir que la estrategia de desarrollo seguida por Brasil difícilmente calificaría como neoliberal. Por ejemplo, ese país tiene una economía relativamente cerrada cuyo gobierno practica desde hace décadas políticas proteccionistas (y en parte por ello el comercio exterior representa una proporción relativamente pequeña del su PIB), y forma parte de un proyecto de mercado común (el Mercosur), que virtualmente no suscribe acuerdos de liberalización comercial.

De otro lado, el Estado brasileño destinó durante décadas ingentes recursos a sus políticas industriales. Según Dani Rodrik, “Siempre que el gobierno favorece conscientemente unas actividades económicas sobre otras, está haciendo política industrial”. En el caso brasileño, estas además favorecieron a empresas específicas. En ocasiones ese tipo de políticas contribuyen a generar empresas competitivas en los mercados internacionales (como, por ejemplo, Toyota en Japón o Embraer en Brasil). Pero incluso en esos casos, las políticas industriales generan oportunidades de renta que inducen a las empresas privadas a competir por los favores del Estado (por ejemplo, el acceso a los créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en Brasil), y no pocas veces esa competencia se da a través de prácticas corruptas.

Podría añadirse que en tanto la mayor de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción (Odebrecht), es una empresa familiar que no obtiene la mayor parte de su financiamiento en los mercados de capitales, su gobierno corporativo no está sometido a los controles que estos últimos suelen imponer. Pero Petrobras es una empresa que sí cae dentro de esa categoría y, como sabemos, está en el epicentro del caso Lava Jato. Ello para no mencionar empresas con un gobierno corporativo en apariencia ejemplar (como Volkswagen), parte del cual se confabuló para estafar a clientes y reguladores manipulando los registros de emisión de sus vehículos. Y en ocasiones reducir la participación del Estado en la economía genera nuevas fuentes de corrupción. La privatización de empresas públicas en algunos países árabes o poscomunistas por ejemplo, fue problemática por varias razones. De un lado, porque no obtenía la propiedad de la empresa quien hiciera la mejor oferta, sino quien tuviera mayor influencia política o quien pagara los mayores sobornos. De otro lado, porque en ocasiones se transferían al sector privado empresas monopólicas, con lo cual se transfería la oportunidad de obtener rentas sin necesariamente obtener a cambio ganancias de productividad. Por último, los recursos obtenidos a través de la privatización eran distribuidos entre los gobernantes y sus allegados.

En general, si bien existen políticas específicas que crean mayores oportunidades para la corrupción (como, por ejemplo, los controles de cambios o de precios que existen en Venezuela), la variable fundamental para explicar su grado de incidencia sería otra: la existencia de contrapesos institucionales en el sistema político y, en particular, la existencia de un poder judicial autónomo y eficiente.       

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