No es difícil entender por qué entidades como el Grupo de Lima se constituyen para lidiar con el tema de la democracia en Venezuela y no, por ejemplo, en China. De un lado, China no pertenece a nuestra región y es tanto la segunda economía del mundo como una potencia militar global, razones por las que nuestra capacidad de influir sobre el curso de los acontecimientos en ese país es virtualmente nula. De otro lado, China jamás tuvo una democracia representativa, ni se comprometió a respetar las instituciones de ese régimen político (como hizo Venezuela al suscribir la Carta Democrática Interamericana). No consideraría razonable criticar a los gobiernos que integran el Grupo de Lima por matizar el respaldo a un principio político (en este caso, la defensa del régimen democrático) con base en cierto realismo político.

No es claro que pueda decirse lo mismo respecto a otras decisiones adoptadas por algunos gobiernos integrantes del Grupo de Lima. Por ejemplo, la decisión de los gobiernos de México y Perú de expulsar al embajador de Corea del Norte. Podría alegarse que, aunque se trata de decisiones sin ninguna posibilidad de influir sobre el curso de los acontecimientos, cuando menos se basan en principios fundamentales del derecho internacional. Como expresa el comunicado del gobierno mexicano, “En los últimos meses, Corea del Norte ha cometido flagrantes violaciones al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, añadiendo que “Su actividad nuclear es un grave riesgo para la paz y la seguridad internacional”.

Todo lo cual es cierto, pero no sólo respecto a Corea del Norte. Tan sólo una semana después de expulsar al embajador coreano, el gobierno mexicano recibió en visita oficial al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y el gobierno israelí también es responsable de violaciones flagrantes al derecho internacional (véase, por ejemplo, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004), y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (como la 242, aprobada hace medio siglo). Se trata de un Estado que ocupa militarmente territorios que no le pertenecen bajo el derecho internacional y que ha ocupado en el pasado territorio de todos sus vecinos en una o más ocasiones. Posee además armas atómicas al margen del Tratado de No Proliferación Nuclear. Por añadidura, Netanyahu fue el único gobernante en el mundo que se pronunció en favor del muro que la Administración Trump pretende construir en la frontera con México (lo cual le valió un pronunciamiento crítico de la comunidad judía en ese país).

De otro lado, en días recientes el gobierno impidió el ingreso al Perú de una representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). País con el que el Estado peruano mantuvo relaciones diplomáticas, hasta que estas fueron suspendidas sin expresión de motivo en 1996. Aunque un comunicado de cancillería indica que el gobierno peruano “no reconoce el ejercicio oficial de representación y gestiones diplomáticas a delegados de la RASD en nuestro país”, desde entonces no había impedido su ingreso ni su participación en actos proselitistas. Es decir, la misma conducta que el gobierno peruano mantiene respecto a las actividades proselitistas que desde 2013 realizan regularmente representantes de la oposición venezolana en nuestro país. No queda claro qué explica el cambio de conducta en sólo uno de esos casos.