El coste de la corrupción es muy difícil de calcular por obvias razones. Ni el que la propone ni el que la acepta, tienen ningún incentivo para hacerlo público.

Si, además, el país tiene recursos naturales que explota a través de concesiones administrativas y no tiene mecanismos sólidos para impedirlo, la probabilidad de que se produzca corrupción aumenta exponencialmente.

El problema es que estos mecanismos tienen que estar aprobados por el poder legislativo, y dado que sus representantes pueden ser en ocasiones los cómplices necesarios de la corrupción, el sistema de incentivos aquí también está en contra de leyes que refuercen las medidas de control y transparencia. Este ambiente permea al resto de los poderes públicos, que en gran medida se ven envueltos en los procesos, tanto el judicial, como el policial, o el de administrador de las compras públicas.

¿Hay alguna solución a esta situación aparentemente estable? En la corrupción de las relaciones comerciales internacionales, este problema se ha atacado con relativo éxito utilizando mecanismos de transparencia y enfocándose en las empresas que realizan el pago del soborno. Iniciativas como EITI, o PublishWhatYouPay, son un ejemplo.

La lucha contra la corrupción en los negocios internacionales está logrando ganar algunas batallas muy notorias, debido a dos razones. Por un lado, los países internacionalmente activos están adoptando leyes contra la corrupción en el extranjero y persiguiendo su cumplimiento. Estados Unidos es la pionera con la Foreign Corruption Practices Act (FCPA), aprobada en 1976 y otros países han seguido su estela a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Y, por otro lado, como consecuencia de los acuerdos internacionales para un acceso eficaz y rápido a la información requerida por las autoridades de terceros países, que permite avanzar en los procesos de investigación.

La aprobación por parte de Colombia de la ley para que se haga una consulta pública el 28 de agosto de 2018, sobre el tema de la corrupción, ha sido aprobada por unanimidad en el Senado, después de que los propulsores de la medida consiguieran reunir 5 millones de firmas para que fuera registrada la propuesta en el Congreso.

Las siete preguntas que se incluyen en la consulta tienen distintas orientaciones, pero el objetivo principal que se persigue es que los políticos en el poder recuperen la credibilidad social y por tanto su legitimidad pública.

Si las preguntas logran que más de un tercio de los electores voten a favor o en contra, la que obtenga mayoría será ley y por tanto se deberá establecer medidas y controles para que sean reales.

La transparencia se logrará mediante la clarificación de los procesos de concesiones y compra pública, a la vez que la explicación de los presupuestos de una manera pública. Pero la clave es que las propuestas sobre las personas en concreto son muy efectivas. En este sentido, pueden ser muy eficaces medias como la obligación de publicar el patrimonio – previo y posterior - de los que ejercen cargos de representación pública; la de evitar los “atornillados” (más de tres legislaturas en el puesto)  y la prohibición de que alguna persona condenada por corrupción tenga reducciones de pena o que pueda volver a contratar con el sector público. Si se aprueban estas medidas, el “coste” de la corrupción para el que se vea envuelto en ella, se eleva en gran medida.

¿Qué mecanismos pueden reforzar este impulso? Un sistema de denuncias que sea justo y proteja al denunciante, y facilitar la solicitud de información de otros países para investigar los casos de corrupción que las empresas multinacionales han auto denunciado o están sometidas a investigación.

IE Business School, dentro de su preocupación por estar cerca de la problemática empresarial, ha realizado una encuesta para conocer la percepción de los directivos sobre el tema. Las conclusiones están basadas en las respuestas de sus antiguos alumnos sobre este tema. Las características de este segmento de la población son: con estudios de postgrado, puestos de dirección y haber vivido en varios países; todo lo cual les hace “personas informadas” que suelen tener opiniones que sirven de referencia para predecir situaciones futuras.

En la encuesta, realizada en enero de 2018, se han recibido 140 respuestas provenientes de directivos de rango medio y alto de Colombia. Ante la pregunta de si la corrupción era uno de los mayores problemas, el 98% consideraba que sí. En cuanto a si el gobierno estaba actuando para evitarla, el 81% contestaba que no.

Con el objetivo de valorar el rechazo social del tema, se preguntaba a continuación si creía que, en general, se consideraba socialmente aceptable denunciar la corrupción, y la respuesta de un 74% era que sí. Por lo que se deduce que - si bien hay que constatar que un 26% creía que no era socialmente aceptable – una mayoría veía bien el mecanismo de denuncias.

Respecto a dónde se producirá las situaciones de corrupción, las respuestas eran las esperadas, un 95% consideraba que era frecuente (22%) o muy frecuente (73%) estas prácticas para conseguir contratos del sector público. Cifra que bajaba a un 60% - 26% muy frecuente y 34% frecuente - para conseguir cuentas de clientes privados importantes.

En otras cuestiones se podía concluir que en la mayoría de las empresas (71%) sí existían mecanismos internos de denuncia formalmente establecidos y en un 58% existía mecanismos de protección del denunciante.

La conclusión que se puede extraer, es que, en el entorno de Colombia, la corrupción se considera uno de los mayores problemas, que sin embargo no es prioritario para el gobierno, pero que la sociedad sí aceptaría apoyar una denuncia de casos concretos.

La disonancia cognitiva actúa produciendo un malestar psicológico en la persona que está sometida a una situación en la que piensa que debe actuar de una manera y, en cambio, actúa de forma contraria. Sin embargo, con el tiempo, la persona genera mecanismos de defensa, cambiando sus valores si es preciso, para que no sea tan fuerte el malestar, siendo uno de los argumentos más utilizados el de “todos lo hacen”, aunque no se dispongan de datos para poder constatarlo.

Si bien no se ha ganado la guerra contra la corrupción con esta consulta, sí se está planteando el campo de batalla para una fuerte confrontación como resultado de las contestaciones del 18 de agosto. Como está permitido hacer campaña a favor del sí, del no y de la abstención, en las próximas fechas veremos maniobrar a los efectivos de las distintas posiciones y esperemos que los electores demuestren su mayoría absoluta ganado esta batalla.