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Mirando más allá de las cifras
Mié, 07/07/2010 - 11:46

Jorge Medina Méndez

Innovación: una oportunidad para la nueva Latinoamérica
Jorge Medina Méndez

Es Managing Partner de EY en Perú y miembro de su directorio sudamericano. Asesora a importantes empresas peruanas e internacionales. Cuenta con un MBA de la Adolfo Ibáñez School of Management de Miami. Analista y conferencista en temas de su especialidad, es también presidente y miembro del directorio de diversas instituciones universitarias, profesionales y empresariales.

En términos macroeconómicos, el Perú ha tenido un excelente desarrollo en los últimos años. Lo vemos en las cifras de crecimiento del PIB, las exportaciones, los niveles de inversión, las reservas internacionales, entre otros indicadores. Gran parte de este éxito se debe a la explotación y exportación de nuestros recursos naturales, principalmente mineros, importante locomotora de nuestra economía. Este buen desempeño permite atraer inversiones adicionales, lo cual diversifica e incrementa nuestra propuesta productiva y exportadora, y mejora los indicadores macroeconómicos mencionados.

No obstante, lo positivo y estimulante de estos indicadores cuantitativos, hay una serie de aspectos que son de otro orden, de naturaleza cualitativa, y que requieren de atención y tratamiento, primero de shock, y luego decuidados intensivos, para asegurar que los beneficios del crecimiento se traduzcan en desarrollo económico y social sostenidos.

En el Índice Global de Competitividad utilizado por el Foro Económico Mundial (FEM) para medir el nivel de desarrollo en 12 pilares clave de competitividad, Chile está en la posición 30, mientras que el Perú en el puesto 78, detrás de Brasil, México y Colombia, a pesar de haber mejorado cinco posiciones con respecto a 2008. Es muy importante notar que el primer pilar de la competitividad, de acuerdo al FEM, es la institucionalidad, endonde el Perú está en el puesto 95, mientras que Chile en la posición 35.

En temas de institucionalidad, es claro que la corrupción es un reto históricamente recurrente en nuestro país. Por más que tengamos buenas cifras económicas, la corrupción seguirá limitando nuestro potencial de desarrollo económico en términos de infraestructura, educación, salud, seguridad y leyes. El 81% de la ciudadanía piensa la corrupción es la principal traba para el desarrollo del país. Para el ciudadano común, y principalmente para los más pobres, las buenas cifras macroeconómicas no se traducirán per se en un verdadero y sostenido desarrollo económico, si no acabamos con el abuso del poder -en los sectores público y privado- y con el mal uso de los recursos públicos. Según el historiador e investigador Alfredo W. Quiroz, la corrupción puede representar hasta el 4% del PIB peruano -más de US$5.000 millones- incidiendo en un tercio del presupuesto nacional.

Un informe de Transparencia Internacional sobre el avance de la implementación de la Convención de la OCDE, respecto a medidas contra el soborno de funcionarios públicos, señala que el principal freno en las medidas anti-corrupción es la falta de voluntad política, la que se da tanto en forma pasiva, al no asignar los recursos necesarios, como en forma activa, al obstruir las investigaciones.

La OCDE señala que cada millón de dólares en sobornos implica US$100 millones en pérdidas para un país pobre, debido a inversiones inapropiadas y proyectos mal manejados. La corrupción no sólo incide en los niveles de pobreza, sino que, en general, se refleja en el quehacer diario de los ciudadanos y su calidad de vida. Preguntamos: ¿cuántas obras públicas adicionales podrían ejecutarse, cuánto más podrían durar, y cuántos servicios públicos de mejor calidad tendríamos, si el Estado y el sector privado fuéramos más enérgicos en la lucha contra la corrupción?

Si bien las estadísticas y actos corruptos de funcionarios públicos -muchas veces articulados en complicidad con el sector privado- son abrumadores, no podemos abandonar la lucha anti-corrupción. Lo que hay que hacer es cambiar las estrategias y métodos que ha fracasado hasta ahora. Debemos sumar esfuerzos con el sector público y la Contraloría General de la República, los órganos representativos de la empresa privada, la sociedad civil, la universidad, las autoridades, y los mismos empresarios, destinando recursos y sistemas adecuados para reformar, de manera integral, el modo en que el Estado, los empresarios y los ciudadanos hacemos frente a la corrupción.

Difícilmente encontraremos momento más propicio que el actual, para sentar las bases que mejoren nuestra institucionalidad y competitividad, tema fundamental para el crecimiento cualitativo que, más allá de las meras cifras e índices económicos, brinde prosperidad sostenible a ciudadanos y empresas.