Una investigación de la Defensoría del Pueblo de la Unión Europea destaca que era responsabilidad de la Comisión Europea cumplir con la obligación de concluir una evaluación de impacto y avisa de que haberlo incumplido daña tanto la credibilidad de la Unión como del propio acuerdo.

La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha concluido que la Comisión Europea incumplió su obligación de concluir una evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del acuerdo negociado con los países de Mercosur y le ha avisado del daño que esta mala práctica puede hacer a la credibilidad del pacto.

"Concluir un acuerdo comercial antes de que se haya evaluado plenamente su posible impacto podría socavar los valores de la UE y la capacidad de los ciudadanos para debatir los méritos del acuerdo", ha advertido O'Reilly en un comunicado tras publicar el resultado de su investigación.

La mediadora europea también recalca que era responsabilidad de la Comisión cumplir con este requisito y avisa de que haberlo incumplido daña tanto la credibilidad de la Unión como del propio acuerdo, al entender que salió adelante sin examinar sus consecuencias.

En sus conclusiones, la Defensora del Pueblo subraya que las negociaciones entre Bruselas --en nombre de los 27-- y Mercosur fueron concluidas en junio de 2019 sin esperar a la evaluación de impacto obligatoria ni a conocer el análisis del Ejecutivo comunitario de dicha evaluación.

El caso se remonta a julio del pasado año, cuando O'Reilly decidió iniciar una investigación sobre la denuncia de un grupo de ONG que solicitaban la suspensión del acuerdo de libre comercio por no haber cumplido las exigencias en materia de evaluación de riesgos.

En su queja, la Federación Internacional de Derechos Humanos, ClientEarth, Fern, el Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot denunciaron que Bruselas eludió sus obligaciones al cumplir solo la primera de tres fases del proceso de evaluación cuando selló el pacto.

La evaluación preliminar se publicó el pasado mes de julio, casi un año después de que la UE y Mercosur anunciaran el acuerdo y coincidiendo con el anuncio de la Defensora del Pueblo de la UE de que iniciaba la investigación.

Ahora, O'Reilly considera que el modo de hacer del Ejecutivo comunitario es un ejemplo de "mala gestión" pero añade que no cree que fuera útil hacer ahora recomendaciones específicas sobre el caso dado que Bruselas ha indicado que el informe definitivo sobre el impacto del acuerdo se finalizará de manera "inminente".