Todo empezó con el inmigrante alemán Emil Odebrecht, que aún siendo estudiante en la Universidad de Greifswald emigró en 1856 a la colonia germana de Blumenau, estado de Santa Catarina, al sur de São Paulo. Este ingeniero y cartógrafo sentó las bases, sobre las que un nieto suyo fundó la empresa constructora que más tarde se convertiría en foco de la corrupción continental.

Odebrecht es un conglomerado de empresas dedicadas a construcciones, infraestructura, inmobiliarias, petroquímicos y transporte, entre otros.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos US$788 millones en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.

De acuerdo a los cálculos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos US$140.000 millones por corrupción, un 3% del PIB de la región”.

Brasil: petróleo, política y pagos ilegales. Todo comenzó como una investigación en Brasil, denominada Operación Autolavado (Operação Lava Jato). Entre tanto, Odebrecht ha admitido haber sobornado desde 2001 a políticos, funcionarios y partidos de tres continentes, especialmente en América Latina, para ganar contratos públicos.

Alan García, ex presidente del Perú, solicitó asilo a Uruguay, luego de que la Justicia le prohibiera salir del país durante 18 meses, mientras se le investiga por presunto lavado de activos y colusión agravada, en un caso vinculado a Odebrecht y un pago de US$100.000.

El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, alias "El Príncipe”, está cumpliendo una sentencia de 19 años de prisión, tras su condena por pagar más de US$30 millones en sobornos a ejecutivos de la estatal brasileña Petrobras.

La Operación Lava jato ha desenterrado pagos de unos US$349 millones en sobornos. Un escándalo que generó una grave crisis política, que le abonó el camino al derechista Jair Bolsonaro, hoy presidente electo del Brasil.

Argentina: sobornos "admitidos”. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., en 2016, Marcelo Odebrecht admitió haber pagado US$35 millones a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para manipular diversos contratos de obras públicas. 

El juez Federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó este año (2018) a indagatoria a 49 personas, entre ellas exfuncionarios públicos, representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, por presunto soborno y sobreprecios.

Entre los 49 citados se encuentran Ricardo Jaime, ex ministro de Transporte; José López; ex secretario de Obras Públicas, Marcelo Odebrecht; Ángelo Calcaterra, ex presidente de la empresa IECSA. Y también Julio De Vido, ex ministro de Planificación.

Colombia: vía, auditoría y cianuro. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sindicado de "encubrimiento”, al no denunciar delitos de los que supuestamente tuvo conocimiento antes de asumir el cargo. Un escándalo reavivado tras dos extrañas muertes. 

Jorge Enrique Pizano, auditor de la obra Ruta del Sol II, considerado testigo clave en el escándalo de Odebrecht, falleció de un infarto el pasado 8 de noviembre. Tres días más tarde, su hijo Alejandro Pizano murió envenenado con cianuro.

 

Pizano había entregado grabaciones a varios medios diciendo, entre otras cosas, que el hoy fiscal Martínez, como asesor del consorcio bancario Grupo Aval, conocía la trama de corrupción desde 2015, incluyendo "irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II”.

Martínez niega que haya conocido algún delito cuando era asesor del Grupo Aval y dice haber entregado a Carlos Sarmiento Angulo, presidente de dicho consorcio, toda la información que recibió de Pizano. El Portal de análisis La Silla Vacía dice que "eso tiene sentido, pues el Grupo Aval había puesto a Pizano en la concesionaria de la Ruta del Sol II justamente para vigilar a Odebrecht”.

En las últimas horas, el periodista Gonzalo Guillén interpuso una denuncia penal contra Martínez en EE.UU., en donde se lleva un proceso matriz contra Odebrecht. Una condena por corrupción tendría graves consecuencias para la persona y el consorcio que preside Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.

Ecuador: estrepitosa caída. Por su parte, en Ecuador, el Fiscal denuncia amenazas por el caso Odebrecht. Entre 2003 y 2006 esa empresa pagó, presuntamente, US$349 millones en sobornos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes, según las pesquisas de EE.UU.

En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, la figura más cercana al ex presidente Rafael Correa, fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita en relación con sobornos de la brasileña Odebrecht. Con él también fueron sentenciados con la misma pena su tío Ricardo Rivera y otras tres personas. La Fiscalía señala que Glas se benefició, a través de su tío, de US$13,5 millones.

Estados Unidos: las primeras delaciones. La bomba estalló en Estados Unidos cuando en diciembre de 2016 Odebrecht, junto con Braskem, una compañía petroquímica brasileña, confesó haber sobornado a múltiples personas y empresas: ambas compañías acordaron pagar una multa combinada de al menos US$3,5 millones a autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza. Como resultado del acuerdo de admisión de culpabilidad, los ejecutivos de Odebrecht comenzaron a nombrar casos de soborno en otros países latinoamericanos.

Honduras: caso "represas”. La Fiscalía investiga una de las líneas ligadas a supuestos sobornos de los empresarios brasileños conectados con un funcionario hondureño, cuyo nombre se omite y quien habría sido el impulsor de las cuatro reformas, aprobadas por Congreso y Gobierno, para ampliar los contratos firmados en 2009 con la empresa Constructora Norberto Odebrecht sobre la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo.

México: más materias primas, ¿más coimas?. El exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, es el único funcionario investigado en su país. Está libre y se lo acusa de aceptar, supuestamente, al menos US$10 millones.

Panamá: confiscaciones de dinero y bienes. En Panamá, en 2017 había 24 investigaciones abiertas, 36 personas procesadas, entre ellos 22 panameños, 13 brasileños y un estadounidense. Sus nombres son mantenidos en reserva por la Fiscalía.

También se incautaron US$56 millones en Suiza, Andorra y Panamá, así como 8 millones por un helicóptero confiscado en México y un apartamento de lujo en Madrid, España. Dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli y tres de sus exministros han sido imputados en el caso Odebrecht.

Treinta asistencias judiciales internacionales han sido solicitadas a Brasil, EE.UU., Suiza, Andorra, España, Bahamas, Antigua y Barbados, Islas Vírgenes, México, Guatemala, Uruguay.

 

Perú: ¿Es investigación por corrupción una persecución?. Alan García, ex presidente del Perú, solicitó asilo a Uruguay, desde su Embajada en Lima, luego de que el 17 de noviembre la Justicia le prohibiera salir del país durante 18 meses, mientras se le investiga por presunto lavado de activos y colusión agravada. Según documentos, Odebrecht presuntamente le dio US$100.000 al ex mandatario por una conferencia que éste dictó en 2012 ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Otros delitos son investigados. 

Ollanta Humala, ex presidente peruano, tras varios meses en prisión preventiva, acusado, junto a su esposa, de recibir US$3 millones de Odebrecht para su campaña de 2011, se encuentra ahora en libertad.

El también ex presidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a prisión preventiva por recibir, presuntamente, US$20 millones en sobornos de la constructora, aunque desde entonces está prófugo en Estados Unidos. Toledo, sin embargo, se ha comunicado a través de las redes sociales afirmando su inocencia y declarando que está siendo perseguido por "sus ideologías contra la pobreza”.

La líder del mayor partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra en prisión sindicada de "manejo irregular de fondos para la campaña en elecciones de 2011”. La orden de detención afecta, además de a Fujimori, a otras 19 personas, entre ellas a los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

República Dominicana: imputados y acuerdo con Odebrecht. El caso está en manos del juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, que ha sido objeto de varias recusaciones por parte de los acusados, entre ellos de Conrado Pittalugay el exsenador Andrés Bautista, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Por este caso también están imputados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los US$92 millones; y el exsenador Roberto Rodríguez, del PRM. El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República Dominicana por el que deberá pagar US$184 millones en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos. La audiencia preliminar continuará este 29 de noviembre de 2018.

 

Venezuela: lo que no se busca, no se encuentra. Venezuela es el único país afectado en donde no hay investigaciones oficiales sobre corrupción. Pero Odebrecht confesó haber pagado US$98 millones en sobornos a Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro.

Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en Venezuela, aseguró que financió la campaña del dirigente chavista Diosdado Cabello en las elecciones regionales de 2008.

El Tribunal Supremo en exilio juzgó en 2017 en ausencia al presidente Maduro por "corrupción propia y legitimación de capitales" de Odebrecht. Maduro fue condenado a 18 años y tres meses de cárcel. Un fallo sin consecuencias, hasta ahora.