Vivimos en una región de sacudidas, espasmos y pocos momentos de calma. No han sido los volcanes, los terremotos ni los cataclismos los causantes de las recientes convulsiones, sino los estallidos sociales, que han llenado las calles y las primeras planas de los periódicos.
El mes arrancó con los disturbios en Ecuador por la subida de los precios de la gasolina; alcanzó su momento más difícil durante las protestas populares en Chile, también derivadas de un aumento de los costos del transporte público y, casi a punto de comenzar noviembre, todavía la inconformidad está a flor de piel en Bolivia, tras las acusaciones de fraude electoral contra Evo Morales. Tres países, tres realidades distintas y tres motivos diferentes, pero unidos por el componente de hartazgo popular que se expresa de muchas maneras: desde las pacíficas y masivas demostraciones en la calle, hasta los reprobables actos violentos más cercanos al vandalismo.
¿Qué ha pasado para que varios países latinoamericanos parezcan estar a punto de la fractura social? Las respuestas son complejas, pero más allá de las teorías de la conspiración que culpan a factores externos, se está produciendo un quiebre de la manera en que la ciudadanía se relaciona con el poder y emplaza a éste. Las urna ya no satisfacen a un sector que -por décadas- ha visto aumentar la inequidad, crecer la corrupción, subir el costo de la vida y alternarse a los partidos en la silla presidencial sin que eso mejore significativamente su vida. La frustración ha sido el combustible principal de estas revueltas.
Así como también atravesamos desde hace años una crisis de los modelos políticos, donde las alineaciones de izquierda y derecha no funcionan para dar respuesta a la complejidad de situaciones que vive el continente, también las sociedades están cambiando sus propias maneras de visibilizar las demandas y los reclamos. No en balde, tanto en el caso de Ecuador como en el de Chile, los Gobiernos optaron por echar atrás las medidas económicas que habían destapado las protestas, ante la evidencia de que la llama prendida no iba a apagarse en pocas horas. Esta vez era para largo.
Ahora, mientras unos hacen balance, otros se preparan para salir de nuevo a las calles, y los organismos internacionales investigan las denuncias de excesos policiales o de manipulación de los comicios presidenciales, es momento también para que la clase política de la región se replantee sus métodos. No vivimos aquellos tiempos en que para gobernar bastaba con ganar unas elecciones, hacer promesas, hilvanar consignas grandilocuentes en un discurso, difamar del adversario, inaugurar obras públicas o tener un equipo de trabajo para manejar las redes sociales. La ciudadanía quiere más.
América Latina sigue siendo un territorio de grandes iniquidades, un espacio en que el servicio público es visto más como una posición a la que aspirar y no como una responsabilidad que ejercer, donde los pleitos entre fuerzas partidistas siguen dominando la escena y las posturas ideológicas polarizan excesivamente los debates.
Este todavía es un continente donde los electores perciben que, muchas veces, su voluntad no es respetada ni tenida en cuenta. Mientras esa insatisfacción se mantenga, poco importarán los gases lacrimógenos, los pedidos presidenciales de perdón o la manipulación de las urnas, la ciudadanía se expresará en las calles, como una fuerza telúrica que sacude avenidas, edificios y conciencias.
