Pese a los importantes avances económicos y sociales de los últimos años, la desigualdad se mantiene como una de los estigmas de América Latina y el Caribe.

Para cambiar esta realidad y avanzar hacia la erradicación del hambre y la pobreza extrema es necesario estrechar la relación entre el crecimiento económico y la inclusión social. Eso requiere oportunidades para la inserción productiva de las famílias pobres y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Esto es más urgente que nunca, dado el contexto de crisis económica y financiera por el cual atravesamos y las estimaciones que señalan que los precios de los alimentos seguirán altos y volátiles en el futuro próximo.

Una de las iniciativas que ha impactado positivamente en la seguridad alimentaria y el acceso a servicios sociales básicos, por parte de los más vulnerables, son los programas de transferencias condicionadas de ingresos. Actualmente, el 19% de la población regional participa de ellos.

Estos programas han mejorado el acceso a educación, salud y nutrición, además de proteger los niveles de ingreso y el acceso a alimentos por parte de las familias más pobres. También previenen respuestas perjudiciales ante las caídas en el ingreso familiar, tales como substituir alimentos más caros por otros más baratos pero menos nutritivos, o incluso reducir la cantidad de alimentos consumidos. Además de su impacto positivo a nivel de los hogares, estos programas también tienen efectos en las economías locales, inyectando recursos en las comunidades.

El 29 y 30 de septiembre se realizará en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe el VI Seminario Internacional sobre Programas de Transferencia Condicionadas, durante el cual se analizarán estrategias para perfeccionar estos programas mediante un enfoque de derechos humanos.

Esto implica mejorar sus mecanismos administrativos y de operación para aumentar su transparencia y mejorar su rendición de cuentas, además de fortalecer la participación de sus destinatarios. Al mejorar su eficiencia se podría asegurar que lleguen a todos quienes los necesitan, facilitando la realización de los derechos humanos a la alimentación, a la salud y a la educación, y fortaleciendo las capacidades futuras de los niños y niñas.

En este sentido, los países de América Latina y el Caribe ya han comenzado a dar lecciones importantes. Cada vez son más los programas que demuestran el alto grado de madurez que han alcanzado, incluyendo estrategias de tratamiento diferenciado a sus destinatarios más vulnerables, y esforzándose por transparentar su gestión para abrir instancias cada vez más significativas de participación para sus beneficiarios.

Por mucho tiempo este tipo de programas fueron percibidos como meramente asistencialistas, sin embargo, han demostrado ser un motor del desarrollo para los países y el primer peldaño en la realización efectiva de los derechos ciudadanos para millones de hombres, mujeres y niños.