La Superintendencia de Transporte le exige, mediante requerimiento de la fecha, a Ultra Air que ejecute sin excepción alguna la totalidad de las medidas planteadas en el plan de contingencia para proteger a los usuarios. Esto, luego de que la aerolínea de bajo costo informara que dejaría sus aviones en tierra a partir de este jueves 30 de marzo de 2023.

Dichas medidas de contingencia fueron presentadas por la empresa ante la autoridad, se trata de:

La mexicana Fibra Mty, realizó el miércoles exitosamente la operación de compraventa por substancialmente la totalidad del portafolio industrial “Zeus”, compuesto por 46 edificios industriales ubicados en 11 entidades federativas de la República Mexicana.

La firma cuenta con un área bruta rentable (“ABR”) total aproximada de 82o mil metros cuadrados, así como por una reserva territorial con una superficie total aproximada de 882 mil metros cuadrados, por un precio total de compra de US$662 millones de dólares más IVA e impuestos, costos y gastos de cierre.

Quito. La petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, dijo el miércoles que levantó la fuerza mayor sobre dos bloques petroleros, lo que les permite volver a operaciones normales, en medio de diálogos con las comunidades cercanas.

La petrolera estatal había declarado fuerza mayor en cuatro bloques en la provincia de Orellana este mes, debido a las protestas de comunidades indígenas cercanas, que alegaban que la empresa no ha cumplido sus promesas de ayuda económica.

Lima. Antamina, la mayor mina de cobre de Perú, elevó a US$ 2.000 millones, desde US$ 1.600 millones, su estimado de inversión en su plan para ampliar la vida útil de su yacimiento hasta 2036, dijo a Reuters el presidente de la firma.

"A la fecha no hemos sido notificados de ninguna acción ante el TDLC. No obstante ello, queremos recalcar que siempre desarrollamos nuestros negocios cumpliendo la legislación y respetando la libre competencia en todos los países donde operamos".

Con esta breve declaración a AméricaEconomía, la empresa chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU), de propiedad del grupo Luksic,  respondió a la presentación de la firma AB InBev, que llevó esta semana a la firma ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) local.

América Latina y el Caribe debe acelerar la transición hacia una economía circular mediante la actualización de sus leyes y una mayor colaboración con el sector privado para aumentar el financiamiento de ese tipo de proyectos.

Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Desbloqueando el financiamiento de la economía circular en América Latina y el Caribe: catalizador para un cambio positivo', elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).

El proyecto que despenaliza la comercialización y uso del cannabis o marihuana en adultos avanzó el martes (28.03.2023) en la Cámara de Representantes de Colombia, en donde fue aprobado en el quinto de ocho debates que necesita la iniciativa, que implica una reforma constitucional.

Si se aprueba el proyecto, se autorizará la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis para uso adulto.

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se apresta este miércoles a aprobar un nuevo crédito por US$ 150 millones para la Argentina, mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra en Washington acompañando al presidente Alberto Fernández, quién este miércoles se reúne en un encuentro bilateral con su par estadounidense Joseph Biden, en la Casa Blanca.

Cuando el ministro alemán de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, viajó a Brasil hace unas semanas, el tema del hidrógeno verde era de especial interés en los medios de comunicación. Según el Gobierno alemán, este es clave para la transición del suministro energético a partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural hacia las energías renovables.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo un proyecto de decreto que implica una reforma estructural a la regulación del sector minero de México, con la eliminación de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas.

Entre los cambios, el Gobierno federal propone que se elimine el esquema de “terreno libre y primer solicitante”.